En una jornada histórica y polémica, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de siete órganos autónomos fundamentales para la transparencia, la competencia económica y la evaluación de políticas públicas en México. Con esta decisión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán eliminados, y sus funciones pasarán a depender directamente de secretarías del Ejecutivo federal.
La propuesta, impulsada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, implica una reforma constitucional que busca, según el argumento oficialista, reducir costos y eliminar duplicidades en la administración pública. Sin embargo, diputados de oposición y expertos han advertido que esta medida representa un retroceso significativo en materia de transparencia, competencia económica y rendición de cuentas.
¿Qué cambia con la extinción de los órganos?
De acuerdo con el dictamen aprobado, las funciones de los órganos autónomos serán absorbidas por dependencias gubernamentales. Por ejemplo:
- El IFT, encargado de regular las telecomunicaciones y garantizar la pluralidad en radiodifusión, será sustituido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
- La Cofece, responsable de prevenir y sancionar prácticas monopólicas, pasará sus tareas a la Secretaría de Economía.
- El Inai, pilar de la transparencia y el acceso a la información pública, quedará bajo una instancia aún no definida, aunque sin autonomía técnica ni presupuestal.
En tanto, la desaparición de Coneval, Mejoredu, CNH y CRE también centralizará en el Ejecutivo la evaluación de políticas públicas, la regulación de la educación, los hidrocarburos y la energía, áreas clave para el desarrollo del país.
Críticas y preocupaciones
Legisladores de oposición calificaron la reforma como un “golpe al estado de derecho” y señalaron que, al eliminar la autonomía de estos órganos, se abre la puerta a la opacidad y al control político en sectores estratégicos. “La transparencia no puede depender del Ejecutivo, porque es justamente al Ejecutivo al que se debe vigilar”, advirtió Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN.
Por su parte, líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil también han manifestado su rechazo, alertando sobre las consecuencias económicas y sociales de esta reforma. La pérdida de independencia en la regulación de telecomunicaciones y competencia económica, dijeron, podría desincentivar inversiones y beneficiar a actores monopólicos.
¿Qué sigue?
El dictamen será discutido nuevamente este jueves, y se anticipan ajustes antes de ser enviado al Senado para su revisión. En caso de ser aprobado por ambas cámaras y los congresos locales, la desaparición de los órganos autónomos sería un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.
Mientras tanto, el debate continúa dividiendo al país entre quienes ven en esta medida un paso hacia la centralización y el autoritarismo, y quienes la defienden como una estrategia de ahorro y eficiencia gubernamental. Lo cierto es que, de concretarse, México podría enfrentar un cambio drástico en la forma en que se vigila y regula el poder público.