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    Presentan en Michoacán iniciativa “Ley Cazzu” para proteger movilidad de menores ante incumplimiento parental

    La diputada local Sandra Arreola, integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentó en el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa denominada “Ley Cazzu”, con la que se busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de los padres incumple con sus responsabilidades familiares.

    La propuesta plantea que el progenitor que no cumple con obligaciones como la pensión alimenticia, el cuidado o la participación en la crianza de los menores no pueda restringir o bloquear viajes nacionales o internacionales de sus hijos.

    De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la iniciativa pretende evitar que el consentimiento para viajar con menores sea utilizado como una herramienta de presión o control dentro de conflictos familiares, particularmente en casos donde uno de los padres ha abandonado sus responsabilidades.

    El proyecto contempla facilitar los trámites para que el tutor responsable pueda obtener autorizaciones de viaje de manera más ágil, sin necesidad de procesos judiciales prolongados o del consentimiento del progenitor que incumple con sus deberes.

    La propuesta busca priorizar el interés superior de la niñez y garantizar que las decisiones relacionadas con su movilidad respondan al bienestar de los menores y no a disputas entre adultos.

    La iniciativa tomó notoriedad pública debido a que su nombre hace referencia al caso mediático entre la cantante argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal, quienes han enfrentado desacuerdos relacionados con la crianza y movilidad de su hija.

    Sin embargo, la legisladora aclaró que el objetivo de la propuesta es atender una problemática más amplia que afecta a numerosas familias en México, en las que uno de los progenitores incumple sus responsabilidades mientras mantiene control legal sobre decisiones relacionadas con los hijos.

    La iniciativa será analizada en comisiones dentro del Congreso estatal, donde se discutirá su viabilidad jurídica y su posible impacto en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si avanza en el proceso legislativo, podría convertirse en un referente para impulsar reformas similares en otras entidades del país.

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