La disputa legal por el uso del agua en el norte del país sumó un nuevo capítulo tras el operativo realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. El abogado del exmandatario, Juan Carlos Mendoza, denunció que el ingreso al predio fue “ilegal” y violó una suspensión judicial vigente.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el defensor legal aseguró que el operativo fue arbitrario, pues el rancho se encuentra asegurado por autoridades judiciales y, por tanto, no bajo posesión del exgobernador. Además, Mendoza advirtió que existe una suspensión provisional a favor de ejidatarios e indígenas que dependen del uso comunitario del agua en la zona, la cual habría sido ignorada durante la intervención.
El conflicto gira en torno a 700 mil metros cúbicos de agua presuntamente almacenados de manera ilegal mediante una presa, cuatro represas y un pozo dentro del predio, sin permisos ni concesiones por parte del Estado. El Gobierno federal ha anunciado que interpondrá una denuncia penal por uso indebido de aguas nacionales, argumentando que el acaparamiento afecta a comunidades en una región con alto estrés hídrico.
La presidenta Sheinbaum fue enfática: “El agua no puede ser privatizada. Es un recurso de la nación y no se puede permitir su acaparamiento en tiempos de sequía y necesidad social.”
En respuesta, el abogado de Duarte intentó desestimar el señalamiento técnico, alegando que sería físicamente imposible contener esa cantidad de agua con las estructuras existentes en el predio, como una “barda rústica de 1.20 metros”.
Por su parte, el titular de Conagua, Efraín Morales, confirmó que la infraestructura fue construida durante el sexenio de Duarte como parte de un esquema de apropiación irregular del recurso, y que el volumen de agua almacenado alcanzaría para abastecer a miles de familias.
Mientras tanto, el caso queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá determinar si se cometió un delito federal. Este episodio también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la distribución del agua en México y el uso político y privado de los recursos naturales.