La justicia mexicana ha intensificado la búsqueda de cinco personas acusadas de abuso sexual infantil en el municipio de Zimapán, Hidalgo, mediante la emisión de fichas rojas de Interpol y alertas migratorias, con el objetivo de asegurar su localización y detención internacional.
Los señalados –todos miembros de una misma familia vinculada al partido Morena– son: el empresario y político Arturo Williams Trejo Leal, su esposa Bertha Eva Medina Hernández, su hermana Ixtshelle Trejo Leal, su cuñado Eduardo Bibiano Badillo Mejía, y la diputada local Alhely Medina Hernández, quien recientemente solicitó una segunda licencia a su cargo.
Las acusaciones se originan en una denuncia presentada el 17 de junio de 2022 por Jaqueline Trejo Leal, madre de dos menores que entonces tenían entre 4 y 8 años de edad. Los hechos habrían ocurrido entre el 18 y el 27 de abril de ese año en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán.
De acuerdo con la carpeta de investigación 20-2022-00190, las niñas señalaron a los ahora prófugos como responsables de agresiones sexuales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo órdenes de aprehensión desde 2022, aunque algunas nunca se ejecutaron.
Detenciones, liberaciones y nuevas órdenes
En marzo de 2023, Arturo Williams y Eva Medina fueron detenidos en Quintana Roo, pero liberados siete días después por decisión de la jueza Janett Montiel Mendoza, quien no encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso. Sin embargo, nuevos datos y pruebas condujeron a que el 15 de abril pasado se giraran nuevas órdenes de aprehensión, ahora también contra Alhely Medina.
Mientras tanto, los cinco señalados están oficialmente en calidad de no localizados, y su búsqueda involucra a la Guardia Nacional, el Ejército, la FGR, y corporaciones policiales estatales y municipales.
Disputas familiares y acusaciones cruzadas
El caso no ha estado exento de controversia. La defensa de los acusados sugiere que la denuncia responde a intereses económicos derivados de una disputa por la herencia familiar. Además, señalan a Saúl Camargo, pareja de Jaqueline, como posible agresor, con base en una carpeta paralela por corrupción de menores y violencia familiar que aún no ha sido judicializada.
Sin embargo, para Santiago Nieto Castillo, extitular de la PGJEH cuando se judicializó el caso, los señalamientos de fabricación de pruebas “son evidentemente falsos”. “Hay unas niñas que son víctimas de delitos de naturaleza sexual”, afirmó, y respaldó la solidez de la investigación en curso.
Desaparición forzada y refugio bajo resguardo federal
Actualmente, las víctimas se encuentran bajo resguardo del DIF en Querétaro, después de haber pasado por un refugio federal de alta seguridad. Su padre, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, presentó un amparo por desaparición forzada el pasado 21 de mayo, solicitando el derecho a ver a sus hijas.
Mientras las autoridades insisten en que existen elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra los implicados, el caso avanza entre recursos judiciales, acusaciones cruzadas y el despliegue de mecanismos internacionales de búsqueda.