El senador Adán Augusto López Hernández salió este viernes a defenderse de los señalamientos por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial, luego de que se le acusara de omitir ingresos por 79 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el legislador aseguró que sus finanzas están en regla y que las acusaciones forman parte de una ofensiva política. “Todo está declarado. Esto no es más que un ataque de la derecha conservadora”, sostuvo.
Los 79 millones bajo la lupa
La controversia estalló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera públicamente al senador aclarar la procedencia de sus ingresos. En respuesta, López presentó un desglose de recursos:
- 2023: ingresos por 22.6 millones de pesos.
- 2024: activos por 24.5 millones de pesos derivados de servicios profesionales.
- Herencia paterna: 56 millones de pesos, provenientes de dos transferencias bancarias desde Estados Unidos (Wells Fargo y PNC), resultado de un litigio por inversiones familiares en Houston.
El senador agregó que aún está en curso otro juicio relacionado con un depósito de su madre y un departamento en Texas, ambos incluidos en el patrimonio familiar.
Empresa “fantasma” en la mira
Uno de los puntos más polémicos es el presunto pago de 8.9 millones de pesos por parte de la empresa GH Servicios Empresariales, señalada como “fantasma”. López reconoció que la firma tuvo un problema fiscal en 2016, pero aseguró que recuperó su sello digital en 2018 tras un proceso judicial.
“Es probable que sí lo haya recibido. No es ningún delito, fue un pago por servicios profesionales”, explicó.
Señalamientos internos y fuego cruzado
Aunque negó que las acusaciones provengan de sus aliados dentro de Morena, el senador dejó entrever que conoce a los responsables de la filtración. “Sé quiénes son, pero no voy a dar nombres”, declaró, alimentando las especulaciones de un posible fuego amigo en el partido oficialista.
Un episodio que escala
Las explicaciones de López no parecen haber disipado las dudas en torno a su patrimonio. Mientras tanto, opositores han exigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Auditoría Superior de la Federación revisar con lupa las declaraciones del senador.