Organizaciones advierten que la nueva ley de telecomunicaciones podría restringir severamente la libertad de expresión en Internet y permitir bloqueos sin orden judicial.
La reciente aprobación en “fast track” de la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avalada por la mayoría de Morena en el Senado, ha encendido alarmas entre defensores de los derechos digitales, que advierten sobre los riesgos que representa para la libertad de expresión en el entorno digital.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) calificó la reforma como un paso hacia la censura y el control excesivo del espacio digital. En un comunicado difundido este jueves, la organización denunció que la iniciativa otorga facultades preocupantes a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual podría ordenar el bloqueo de plataformas digitales completas a petición de autoridades, sin necesidad de contar con una orden judicial.
“El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio o televisión, que vulnera la prohibición de censura previa establecida en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló R3D.
Además, la organización advirtió sobre dos elementos críticos en el texto aprobado: la posibilidad de que esta agencia —dirigida por José Antonio Peña Merino, colaborador cercano a Sheinbaum— establezca un registro de usuarios de servicios móviles, y que las instancias de seguridad federal puedan adquirir tecnologías para bloquear señales de telefonía e Internet sin especificar con claridad en qué circunstancias estarían autorizadas a hacerlo.
Para R3D, estas disposiciones representan un retroceso grave en los derechos digitales en México, especialmente en un contexto donde ya se ha documentado el uso ilegal de herramientas de espionaje como el software Pegasus contra periodistas y activistas.
El debate sobre la reforma se da en un momento clave para el país, en el que el control de la información y la vigilancia digital se colocan en el centro de la discusión sobre los límites del poder estatal en democracia.