Otra controversia alcanza a la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien durante su gestión aprobó proyectos científicos con recursos públicos para sí misma y para su madre, por un monto total de más de 3 millones y medio de pesos, según documentos oficiales.
Mientras miles de estudiantes perdían sus becas de posgrado e investigadores denunciaban recortes al financiamiento, Álvarez-Buylla autorizó desde su oficina el pago de 751 mil pesos para un estudio propio sobre bioquímica, biología molecular, genética y genómica, desarrollado desde el Instituto de Ecología, donde ella misma estaba adscrita.
El proyecto, titulado “Patrones Genéricos y Sistémicos de la Diferenciación y la Proliferación en los Nichos de Células Troncales: Raíz de Arabidopsis thaliana como sistema de estudio teórico-experimental”, fue coordinado y firmado por la propia Álvarez-Buylla mientras fungía como titular del Conahcyt en 2021.
Ese mismo año, su madre, Elena Roces, también recibió 2 millones 733 mil 518 pesos para otro proyecto científico financiado por el mismo Conahcyt. El estudio, titulado “Alteraciones de la diferenciación de linfocitos T CD4+, macrófagos y adipocitos en el tejido adiposo visceral e inflamación sistémica asociada a hiperinsulinemia y obesidad en ratas”, buscaba explorar la relación entre obesidad, inflamación y plasticidad celular.
Ambos proyectos se autorizaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que Álvarez-Buylla fue considerada una figura “intocable” dentro del gobierno federal, pese a las críticas por los retrasos de la vacuna Patria, que fue aprobada cuando ya había cambiado la cepa dominante de Covid-19.
Mientras tanto, más de 125 estudiantes de maestría y doctorado del Cinvestav —y miles más en todo el país— reportaron quedarse sin beca de manutención desde enero de 2024. La falta de apoyos ha puesto en riesgo la continuidad de investigaciones clave en ciencia básica y aplicada.
Los jóvenes investigadores denunciaron que, mientras se destinaban millones a proyectos personales de altos funcionarios, ellos enfrentaban incertidumbre económica, suspensión de pagos y riesgo de abandonar sus estudios.
El caso de Álvarez-Buylla se suma a una larga lista de polémicas durante su paso por el Conahcyt, donde fue señalada por centralizar decisiones, reducir apoyos a la comunidad científica y sustituir los antiguos fideicomisos de investigación por un modelo de control político y presupuestal.
Hoy, bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, el sector científico mantiene la expectativa de una revisión profunda del financiamiento y de las prácticas del Conahcyt, con la esperanza de que los recursos públicos vuelvan a priorizar a estudiantes, investigadores y proyectos de interés nacional.