El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno impugnará la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra la Ley de la Industria Eléctrica, conocida como “ley Bartlett“, que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a violaciones en el procedimiento durante la sesión en la que se resolvió un amparo.
“Ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica, que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras, además cuatro ministros, dos a favor y dos en contra, o sea un empate“, relató este jueves durante su conferencia matutina.
“Pero como uno de esos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que como es el presidente de la Sala tiene voto de calidad, entonces, aunque son dos votos, decide que no hay empate, que se anula la ley eléctrica, claro se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial”.
En tanto, el presidente López Obrador informó además que presentará una iniciativa constitucional para contrarrestar la reforma energética que abrió el sector energético a la industria privada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Voy a enviar en el paquete del día 5 una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente Adolfo López Mateos”, indicó desde Palacio Nacional.
El mandatario federal acusó al Poder Judicial de estar “entregado completamente a estos intereses particulares” por invalidar la Ley de la Industria Eléctrica que promulgó en 2021 para favorecer a la CFE, por encima de los generadores privados.
La Segunda Sala de la Suprema Corte otorgó ayer un amparo con efectos generales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, y determinó que los siete artículos principales de la ley violan las disposiciones sobre generación y el mercado eléctrico mayorista, establecidas en la reforma constitucional de 2013.
Asimismo, invalidó el artículo que canceló las subastas de contratos de electricidad para privados.