Pese a la múltiples críticas que desató en el sector automotriz de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una ampliación del tres meses más del programa de regularización de autos usados provenientes de Estados Unidos, comúnmente llamados “autos chocolate”.
“Esto se hace porque nos ayuda en el tema de la seguridad tener el registro. Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños, porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió de propiedad y luego se los roban y le dan mal uso”, explicó.
Añadió que, al mismo tiempo, “ayudan mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio y se usan para llevar a los hijos a la escuela o para labores del campo el caso de camionetas y no son caros para la gente. Muchos paisanos ayudan a sus familiares de esta manera”.
Y por último, los recursos producto del registro de las unidades “es un ingreso para los gobiernos estatales, municipales, con el propósito de que compongan sus calles; que no haya baches”.
La mayoría de estos vehículos proviene de los Estados Unidos; sin embargo, López Obrador se comprometió a analizar la posibilidad de regularizar también a vehículos que provienen fuera de la zona del T-MEC.
Esta nueva ampliación de tres meses se da pese a la histórica oposición del sector automotriz de nuestro país que lleva cerca de veinte años denunciando los efectos nocivos sobre la venta de unidades legales.
A penas el 20 de diciembre pasado —cuando se anunció la primera ampliación del programa hasta el próximo 31 de marzo— Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) denunció que “no obstante, el objetivo de acabar con la informalidad de este tipo de unidades tampoco ha terminado, al contrario, siguen entrando miles de vehículos de contrabando principalmente por la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de estos vehículos”.
Rosales Zárate también calificó de una “total incongruencia” del gobierno mexicano el firmar “compromisos internacionales para reducir los efectos de la contaminación impulsando vehículos con tecnologías limpias” y por otro lado “anunciar la ampliación del decreto que regularizará más unidades extranjeras de desecho internadas ilegalmente en México desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo próximos.