Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima en México de 48 a 40 horas semanales, una de las modificaciones más relevantes al artículo 123 en las últimas décadas.
El dictamen, avalado este 10 de febrero de 2026 con 48 votos a favor, establece una disminución gradual de la jornada laboral que se completará en el año 2030. De acuerdo con el calendario planteado, en 2027 el límite bajaría a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y finalmente a 40 horas semanales.
No obstante, la reforma ha generado debate debido a que no garantiza dos días de descanso obligatorio para los trabajadores. El texto mantiene el derecho a un solo día de descanso con goce de sueldo por cada seis días laborados y deja abierta la forma en que se distribuirán las 40 horas, permitiendo esquemas de cinco días, seis días o modelos mixtos, según el sector productivo.
Otro de los puntos centrales del dictamen es el aumento del límite de horas extra permitidas, que pasa de nueve a doce horas semanales. Estas deberán pagarse como tiempo extraordinario, podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias durante no más de cuatro días a la semana y estarán prohibidas para menores de 18 años.
Durante la discusión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la reforma representa un avance histórico, aunque señalaron áreas de oportunidad. Desde Morena, la senadora Simey Olvera Bautista afirmó que se trata de una “revolución laboral” que por primera vez convierte en realidad demandas históricas de la clase trabajadora, destacando que algunos sectores podrían ver incrementos salariales superiores al 30 por ciento.
El senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, votó a favor del dictamen, pero advirtió que la medida “llega tarde”, al recordar que la Organización Internacional del Trabajo recomendó hace décadas la reducción de la jornada laboral. Además, consideró necesario acelerar la transición y establecer apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde el PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota alertó sobre posibles impactos negativos en los ingresos de los trabajadores si no se ajustan de manera gradual las reglas de horas extra y otras leyes como la del IMSS o el ISR, lo que podría traducirse en mayores cargas fiscales.
La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, celebró que la reforma no implique disminución de salarios ni prestaciones y afirmó que salda una “deuda histórica” con millones de trabajadores, al fortalecer el principio de trabajo digno. En tanto, Alejandro González Yáñez, del PT, sostuvo que la iniciativa busca cambiar el paradigma de “vivir para trabajar” por el de “trabajar para vivir”.
Por su parte, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reconoció los beneficios de la reducción de la jornada para el descanso y el esparcimiento, pero criticó que la reforma solo contemple un día de descanso y deje fuera al sector informal.
Aunque el dictamen fue aprobado en comisiones, aún no es ley. El siguiente paso será su discusión y votación en el pleno del Senado, prevista para los próximos días, y posteriormente su envío a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, al tratarse de una reforma constitucional.