La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles, en lo general, la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, tras más de seis horas de debate.
La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea garantizar el agua como derecho humano, evitar su mercantilización y establecer nuevas reglas para su uso en procesos productivos. También busca ordenar el régimen de concesiones y asegurar la disponibilidad del recurso para toda la población.
El bloque mayoritario de Morena, PT y PVEM defendió que la iniciativa respeta las concesiones existentes y combate el acaparamiento y el mercado negro del agua. En contraste, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la propuesta abre la puerta al control político del recurso y centraliza decisiones.
El dictamen establece que el Estado será el único regulador del uso del agua y que desaparecerán las transmisiones de derechos entre particulares. Toda concesión que no se utilice para los fines autorizados regresará a la Conagua para su redistribución. Además, se crea un Registro Nacional del Agua y se define un catálogo de responsabilidades hídricas para concesionarios.
Desde la oposición, el panista Marcelo Torres calificó la ley como “rígida, sospechosa y hostil”, mientras que la diputada Laura Ballesteros (MC) advirtió que no atiende los problemas estructurales de millones de personas sin acceso al agua.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que la legislación no pone en riesgo ni ejidos ni concesiones legítimas.
“Quienes sí están en riesgo son los acaparadores de agua”, afirmó.