Carlos Castro, periodista especializado en nota roja y director del portal Código Norte Veracruz, fue asesinado a tiros la tarde del 8 de enero dentro de un restaurante familiar en esta ciudad del norte de Veracruz, una de las regiones más violentas del país.
El crimen, ocurrido alrededor de las 19:00 horas en el local TrogueBirria, propiedad de la familia Castro en la colonia Cazones, ha desatado condena nacional e internacional y coloca el foco sobre la vulnerabilidad de los comunicadores que cubren fuentes policiales y de crimen organizado en México.
Según informes preliminares, al menos un sujeto armado ingresó al establecimiento y disparó directamente contra Castro, quien perdió la vida en el acto. Hasta el momento no se han reportado detenidos, aunque la Fiscalía General del Estado afirmó haber activado un operativo especial y asumir la investigación.
Castro, reconocido por su cobertura de hechos violentos en la zona, había denunciado amenazas previas relacionadas con su trabajo. En 2024 recibió medidas provisionales de protección por parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las cuales fueron retiradas meses antes de su asesinato, según confirmaron organismos civiles.
Un crimen en contexto de alta violencia
Poza Rica y la región norte de Veracruz son territorios en disputa entre grupos del crimen organizado, lo que ha elevado los índices de violencia y convertido el ejercicio periodístico en una actividad de alto riesgo. Castro se especializaba precisamente en informar sobre estos conflictos, lo que lo exponía a mayores amenazas.
Con este asesinato, Carlos Castro se convierte en el primer periodista asesinado en México en 2026 y en el decimoquinto durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el registro de organizaciones como ARTICLE 19 y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAPP).
Reacciones y exigencias
Diversos organismos nacionales e internacionales han condenado el crimen y exigido una investigación pronta y exhaustiva. ARTICLE 19 señaló en un comunicado que “este asesinato evidencia, una vez más, el riesgo extremo que enfrentan quienes informan sobre violencia y crimen en México”, y recordó la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
La CEAPP también emplazó a las autoridades a esclarecer los hechos “considerando la línea de investigación relacionada con su labor informativa”. Mientras, en redes sociales y medios locales, colegas y organizaciones civiles han reavivado el debate sobre la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.
La investigación continúa en curso bajo el código de alerta roja, sin que se hayan revelado avances significativos ni posibles móviles confirmados.