En México, de cada 100 hechos delictivos denunciados, solo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos responsables. Este porcentaje refleja una grave ineficacia en el sistema de justicia del país. Sin embargo, cuando se trata de feminicidios, el panorama cambia: 46 de cada 100 crímenes logran llevar a los presuntos responsables ante los tribunales, lo que indica una mayor atención y esfuerzo en la persecución de este delito en comparación con otros.
Las autoridades mexicanas destacan que el feminicidio es uno de los delitos que se persigue con mayor eficacia a nivel nacional. Sin embargo, esta eficacia es relativa. Entre 2015 y 2021, al menos uno de cada cinco feminicidios no fueron reconocidos por las autoridades ministeriales, sino que fueron registrados bajo categorías delictivas distintas o incluso como muertes accidentales. Este hecho refleja una manipulación de las estadísticas y una falta de reconocimiento del problema en su totalidad. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
De los feminicidios no reconocidos, 1,280 asesinatos de mujeres fueron catalogados bajo otras categorías. En 165 de estos casos, las víctimas murieron a golpes, mientras que 28 fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas. Además, 42 mujeres fueron secuestradas y 5 sufrieron abuso de autoridad. Estas cifras demuestran la variedad y gravedad de los actos de violencia que no son adecuadamente clasificados como feminicidios.
La violencia contra las mujeres se presenta en diversos contextos. De los casos no reconocidos como feminicidios, 94 mujeres fueron atacadas por sus parejas o exparejas, 105 por familiares directos, 91 por parientes de sus parejas o exparejas, 86 por tutores o curadores, y 32 por personas de su entorno laboral. Esta información subraya la necesidad de una mayor atención y precisión en la categorización de estos delitos.
En el periodo de 2015 a 2021, de los 5,725 feminicidios reconocidos, solo en la mitad se identificó, aprehendió y enjuició a los presuntos responsables. Sin embargo, únicamente en 388 casos se logró una sentencia condenatoria. Este número representa solo el 5% de los feminicidios registrados, lo que indica una gran brecha entre la aprehensión y la condena efectiva de los culpables.
Además, en el 25% de los casos con sentencia condenatoria, los condenados quedaron exentos de la sanción penal, y el 62% recibió penas menores a las mínimas establecidas por la ley. En 89 casos, los jueces decidieron que los agresores no recibirían ninguna sanción carcelaria, y en otros 10 casos, la pena de prisión quedó sin efecto debido a la “sustitución de sanciones”. Estas cifras reflejan una indulgencia preocupante hacia los feminicidas.
De los feminicidios que llegaron a juicio, en 25 casos, los procesados evitaron la cárcel mediante “acuerdos reparatorios”, y en 22 casos, los jueces liberaron a los acusados por prescripción del delito. En cuatro feminicidios, los jueces avalaron el “perdón del ofendido”, incluso cuando las víctimas ya habían sido asesinadas. Estas situaciones muestran graves deficiencias y discrecionalidades en el sistema judicial.
La indulgencia en las penas también es notable en los casos con sentencia condenatoria y pena carcelaria. En seis de cada diez casos, la pena fue menor a la mínima establecida de 30 años. Por ejemplo, al menos un feminicidio tuvo una pena de sólo seis meses de cárcel, tres casos recibieron penas entre seis meses y un año, y nueve casos tuvieron sentencias de tres a cinco años de prisión. Ninguna de estas penas reducidas fue aplicada a menores de edad.
La probabilidad de que los autores de un feminicidio sean identificados, capturados, juzgados, hallados culpables y sentenciados a una pena carcelaria es solo del 5%. Cuando los asesinatos violentos de mujeres no son reconocidos como feminicidios, esta probabilidad disminuye al 3%. Esto resalta la importancia de reconocer y clasificar adecuadamente estos delitos desde el inicio de las investigaciones.
Finalmente, es importante señalar que en Nuevo León se concentra el mayor número de feminicidios ocultos bajo otras categorías delictivas. En esta entidad, el 80% de los feminicidios fueron reclasificados al iniciar el juicio. Contrariamente, en la Ciudad de México se creó la Fiscalía contra Feminicidios en 2019, reflejando un esfuerzo por abordar esta problemática. Sin embargo, en estados como Guanajuato, las autoridades se niegan a reconocer estos hechos, presentando casi todos los asesinatos violentos de mujeres como “homicidios dolosos”. Esta disparidad en la voluntad de las autoridades a nivel estatal subraya la necesidad de una mayor uniformidad y rigor en la persecución de los feminicidios en México