DURANGO, DGO.
• Dos de los implicados tenían una relación laboral con dicha empresa.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Naturaleza Específica, acreditó con datos de prueba sólidos la presunta responsabilidad de Pablo Andrés “N”, Iván “N” y Nora Isabel “N”, de 36, 22 y 27 años de edad respectivamente, en el hecho delictivo de robo agravado, cometido en perjuicio de la Estación de Servicio Gasolinero Tauro, permitiendo que un Juez de Control los vinculara a proceso penal.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en dicha estación ubicada en el bulevar Enrique Carrola Antuna del fraccionamiento Los Álamos de esta ciudad, a donde arribaron los ahora imputados a bordo de un vehículo Nissan, línea Tsuru, modelo 2010, color gris, del cual descendieron para presuntamente amenazar con armas de utilería a un empleado de la empresa, quien en ese momento se disponía a realizar algunos trámites bancarios, despojándolo de una mochila con más de medio millón de pesos, producto de la recolección de varias estaciones de gasolina.
Luego del atraco, los delincuentes huyeron a bordo del mencionado vehículo, por lo cual se denunció el robo ante esta Fiscalía, por lo que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación, robusteciéndola mediante pruebas testimoniales, la recuperación por parte de agentes investigadores del vehículo con que se cometió el robo y una réplica de rifle M4, tipo Comando, así como videos de cámaras de vigilancia aportados por la parte agraviada, y con estos elementos de prueba, se solicitó una orden de aprehensión que fue otorgada por el juez de Control y Oralidad.
El grupo de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delitos, ejecutó la orden de aprehensión, para poner a disposición del Juez a los tres imputados.
Finalmente, en audiencia de control de detención, Pablo Andrés, Iván y Nora Isabel, solicitaron la prórroga del término constitucional, por lo que al concluir el mismo, la diligencia continuó en los tribunales; tras la evaluación de los datos de prueba aportados por la representación social, el Juez de Control determinó vincularlos a proceso, ratificando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y les dictó el plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.