Teuchitlán, Jalisco.-
El Rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, operó como un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al menos desde 2018, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
El sitio, ahora resguardado por elementos de la Guardia Nacional, ha sido señalado como un centro de tortura, asesinato y desaparición forzada.
Colectivos como Madres Buscadoras de Jalisco y Guerreros Buscadores han denunciado que las autoridades han sido incapaces de investigar a fondo este caso y brindar respuestas concretas a las familias de las víctimas.
La activista Virginia Ponce, quien ha participado en búsquedas en el predio desde diciembre de 2024, describió el lugar como uno de los escenarios más atroces que ha encontrado en sus años de trabajo. “Haz de cuenta que estábamos en una cueva de lobos”, relató.
A pesar de los hallazgos y denuncias, el presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, afirmó desconocer la existencia del sitio y pidió que la investigación inicie “desde arriba”.
Por su parte, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó que las autoridades locales no tuvieran información sobre un caso de esta magnitud y anunció que la dependencia a su cargo evaluará si puede atraer la investigación.
El rancho ya había sido cateado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional durante el gobierno de Enrique Alfaro, cuando se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y un cadáver cubierto con plástico. En ese momento, diez personas fueron detenidas. Sin embargo, no se profundizó en la posible existencia de un centro de exterminio en el lugar.
La reciente intervención del sitio ha revelado evidencias que refuerzan los testimonios de sobrevivientes. En una visita al rancho, integrantes de colectivos documentaron la presencia de objetos personales, prendas de vestir, mochilas, llaveros y otros indicios que sugieren la presencia de un número indeterminado de víctimas. Además, se hallaron sogas, esposas, navajas y restos de estructuras que habrían sido utilizadas en prácticas de tortura.
Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, compartió el testimonio de una joven que aseguró haber estado en el rancho durante tres años. Según su relato, las víctimas eran obligadas a pelear por comida y sometidas a castigos extremos. “Si veían a alguien llorando, lo aventaban sin ropa a un lugar cerrado donde había cerdos”, narró. La sobreviviente estima que al menos mil 500 personas habrían sido asesinadas en el lugar durante su cautiverio.
El caso de Teuchitlán no es aislado. En municipios cercanos como Ameca, El Arenal y Tlajomulco de Zúñiga, han sido localizadas fosas clandestinas en los últimos meses, lo que refuerza la hipótesis de que la región ha sido utilizada como un corredor de desaparición forzada. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el último año se han reportado 155 desapariciones en Jalisco, de las cuales el 81% corresponden a hombres.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el hallazgo del Rancho Izaguirre es evidencia de un patrón de crímenes de lesa humanidad que se repite en distintas regiones del país. María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, advirtió que sin una política efectiva de prevención y justicia, la crisis de desapariciones seguirá creciendo.
“Es totalmente inaudito que la FGR diga que apenas va a evaluar si hay delincuencia organizada involucrada. Por el tipo de lugar y los patrones ya documentados, es evidente que estos son delitos federales que deberían investigarse de oficio”, subrayó. Las autoridades estatales y federales continúan procesando las evidencias halladas en el rancho. Mientras tanto, las familias de personas desaparecidas esperan que esta vez el caso no quede en el olvido y que se haga justicia por las víctimas que pasaron por este centro de exterminio.