El canciller dominicano, Roberto Álvarez, quien habló durante la rueda de prensa de los lunes ofrecida por el presidente Luis Abinader, explicó que el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta solicitud pedía la inmovilización de la aeronave en cuestión, bajo sospechas de que el avión estuviera relacionado con actividades de fraude, contrabando de bienes y lavado de activos. Álvarez aclaró que la aeronave se encontraba en territorio dominicano desde mayo para fines de mantenimiento, destacando que el país cuenta con servicios de buena calidad para este tipo de trabajos.
En respuesta a preguntas de los medios, Álvarez detalló que el 22 de mayo se recibió una orden de un tribunal dominicano competente, autorizando la inmovilización del avión. Posteriormente, el 2 de septiembre se emitió otra orden judicial que autorizaba su entrega a Estados Unidos, y el Ministerio Público procedió a cumplir con lo dictado.
El canciller reiteró que los tribunales dominicanos han sido los encargados de verificar los méritos de la confiscación, a partir de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público.