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    Cárteles mexicanos saquean a Pemex: roban crudo y lo venden en Estados Unidos, alerta el gobierno de EE. UU.

    Cárteles del narcotráfico como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han diversificado sus actividades delictivas y ahora están involucrados en el robo sistemático de petróleo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que luego es contrabandeado y comercializado en Estados Unidos, según reveló el gobierno estadounidense.

    De acuerdo con una investigación divulgada por medios especializados y confirmada por autoridades de EE. UU., estas organizaciones criminales están utilizando a intermediarios dentro de la industria energética mexicana —particularmente en los sectores del petróleo y el gas natural— para canalizar el hidrocarburo robado a través de la frontera norte.

    Las pérdidas económicas para Pemex ascienden a miles de millones de dólares, lo que no solo agrava la ya debilitada situación financiera de la petrolera estatal, sino que también representa una amenaza directa a la seguridad energética de ambos países.

    Este tipo de operaciones ilegales —conocidas como huachicoleo transnacional— refleja una evolución en las tácticas de los cárteles, que han encontrado en el mercado energético una fuente de ingresos tan lucrativa como el narcotráfico, con menores riesgos y mayor facilidad de blanqueo financiero.

    El reporte estadounidense también advierte sobre la participación de empresas fachada y operadores logísticos que permiten que el petróleo crudo robado sea mezclado, transportado y vendido en el mercado legal estadounidense, en ocasiones incluso disfrazado como producto legítimo.

    Mientras tanto, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre estas nuevas acusaciones, aunque en años recientes ha reconocido el incremento en el robo de combustibles y ha desplegado operativos para combatirlo, sin lograr desmantelar completamente las redes de complicidad internas.

    Este caso abre una nueva arista en la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio energético, ya que implica no sólo crimen organizado, sino posibles omisiones regulatorias y complicidad empresarial a ambos lados de la frontera.

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