El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reconoció la Recomendación 11/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán; sin embargo, advirtió que la verdad sobre lo ocurrido en ese sitio “no puede ni debe ser minimizada”.
La recomendación fue dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras acreditarse omisiones graves en la investigación del predio descubierto por el colectivo en marzo de 2025.
De acuerdo con el pronunciamiento del organismo nacional, se detectaron fallas en el resguardo del lugar, el procesamiento técnico de indicios, la preservación de evidencias y la cadena de custodia, lo que derivó en vulneraciones a derechos humanos como la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia para víctimas y familiares de personas desaparecidas.
Entre las medidas recomendadas por la CNDH se encuentran la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa, la colaboración en procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados y la capacitación especializada en derechos humanos, investigación forense y manejo de evidencias.
El colectivo señaló que la recomendación confirma lo que denunciaron desde el inicio: que hubo graves omisiones en el manejo del sitio y en la investigación de los hallazgos.
No obstante, subrayaron que la verdad de lo ocurrido en el lugar no debe minimizarse, al recordar que durante sus búsquedas localizaron restos humanos calcinados, fragmentos óseos, prendas, zapatos y objetos personales vinculados a personas desaparecidas.
Asimismo, han sostenido que el sitio habría sido utilizado como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A casi un año del hallazgo inicial, el colectivo ha señalado que continúan localizándose restos humanos y prendas en las inmediaciones, por lo que reiteraron su exigencia de que se garantice el resguardo del lugar, se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades.
Finalmente, insistieron en que el caso del Rancho Izaguirre permanece como una herida abierta para las familias de personas desaparecidas, por lo que demandaron verdad completa, justicia y acciones reales de las autoridades.