Colectivos feministas y organizaciones civiles en Durango renovaron su llamado al Congreso del Estado de Durango para que cumpla con el mandato judicial vigente y avance en la despenalización del aborto durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Al menos 11 agrupaciones participaron en el posicionamiento público, en el que señalaron que mantener la penalización del aborto representa un riesgo para la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de vulnerar derechos como la autonomía reproductiva, la igualdad y el acceso a la salud.
Señalan mandato judicial y jurisprudencia
Las organizaciones recordaron que en 2025 un Tribunal Colegiado declaró inconstitucionales diversos artículos del Código Penal estatal —entre ellos los numerales 148, 149 y 150— relacionados con la interrupción del embarazo. Asimismo, enfatizaron que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios que consideran inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
Indicaron que el Congreso local mantiene pendiente la armonización legislativa correspondiente, pese a que el plazo judicial para realizar adecuaciones habría vencido en diciembre de 2025.
Iniciativas sin resolución
Las colectivas señalaron que desde 2021 se presentó una primera iniciativa ciudadana en la materia y que en marzo de 2025 se turnó una nueva propuesta a comisiones, sin que hasta ahora se haya concretado su dictaminación.
De acuerdo con datos expuestos por activistas, en los últimos años no se han registrado mujeres en prisión por el delito de aborto en la entidad, ni procesos penales recientes por este motivo. Sin embargo, subrayaron que la penalización vigente genera incertidumbre jurídica y obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos fuera del sistema de salud.
Respaldo legislativo
La diputada local de Morena, Delia Enríquez, manifestó su respaldo al llamado y señaló que se espera avanzar en la discusión durante el actual periodo legislativo, bajo un enfoque de derechos humanos.
Las organizaciones advirtieron que, de no existir avances, podrían recurrir a acciones legales como amparos para exigir el cumplimiento del mandato judicial. El tema vuelve así al centro del debate público en Durango, una de las entidades donde el aborto continúa tipificado como delito en la mayoría de los supuestos.