Un juez de control dictó sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, tras acreditarse su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, hechos ocurridos el 25 de enero de 2023.
De acuerdo con la resolución judicial, la entonces funcionaria —quien tuvo actividad política en Movimiento Ciudadano y posteriormente en Morena— participó de manera directa en la planeación del doble crimen. Las investigaciones establecieron que, por instrucciones de Martínez Robles, las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales, donde finalmente fueron privadas de la vida.
Las indagatorias, integradas dentro de la Operación Enjambre, precisaron que la exalcaldesa ordenó a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán asesinar al síndico municipal con el objetivo de mantener el control de las decisiones al interior del ayuntamiento. Como parte de ese plan, el 25 de enero de 2023 Lara de la Cruz fue enviado a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan.
Las pesquisas también documentaron que Martínez Robles sostuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo criminal, a quien solicitó “quitarlo del camino para poder trabajar bien”. Un día después, el 26 de enero de 2023, los cuerpos del síndico y su chofer fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en Zacazonapan.
La Fiscalía acreditó además que la exedil participó en diversas reuniones con integrantes de la célula criminal para coordinar la operación de la administración municipal. Su detención se realizó como parte de la Operación Enjambre, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso a la sentenciada el pago de 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Con esta resolución, se trata de la onceava sentencia condenatoria contra 16 objetivos prioritarios de la Operación Enjambre, la cual suma hasta el momento 60 presuntos responsables detenidos.