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    Controversia en el Senado: militarización de la seguridad pública genera debate

    El Senado mexicano se prepara para debatir en el pleno dos importantes reformas aprobadas este lunes por comisiones, que han generado amplio debate nacional e internacional. Una de las reformas cede el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, mientras que la otra reconoce los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas.

    La primera reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la GN, un cuerpo de seguridad que, aunque fue concebido en 2019 como civil, ahora pasaría a ser controlado directamente por las Fuerzas Armadas. Esta modificación constitucional, que obtuvo 25 votos a favor y 10 en contra en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, ha sido duramente criticada por la oposición, que denuncia una creciente militarización del país.

    Durante el debate, los senadores intercambiaron argumentos sobre la crisis de seguridad en México, con especial énfasis en los altos índices de homicidios y desapariciones. La reforma implica cambios profundos a los artículos 129 y 21 de la Constitución, que desde 1857 limitaban el papel de los militares en tiempos de paz. Ahora, la GN tendrá un origen militar, pero con formación policial, y su personal estará adscrito a la Sedena.

    Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la reforma argumentando que responde a los retos contemporáneos para resolver los problemas de seguridad pública, señalando la debilidad de las fuerzas de seguridad civiles. A pesar de las críticas, López Obrador ha negado que la medida signifique una militarización o represión.

    En paralelo, el Senado también avanzó en la aprobación, por unanimidad, de una reforma histórica que reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Este dictamen, igualmente presentado por el presidente, otorga por primera vez personalidad jurídica a estos pueblos, además de elevar a rango constitucional su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto a decisiones que afecten su entorno.

    La aprobación de ambas reformas forma parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero, que incluye cambios en el Poder Judicial, y marca un paso crucial en el cierre de su sexenio. Con estos avances, el Senado se encuentra a las puertas de una jornada de votación decisiva que podría redefinir el panorama político y social de México.

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