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    Controversia y apoyo: 20 estados respaldan la reforma que limita impugnaciones a la Constitución

    En una rápida oleada legislativa, 20 entidades federativas han aprobado la reforma que consagra la “supremacía constitucional” en México, lo que ha generado tanto apoyo como controversia en el ámbito político. La última en sumarse a esta iniciativa fue el Congreso de Morelos, donde la bancada de Morena, junto con sus aliados PT, PVEM y Nueva Alianza Morelos, logró 14 votos a favor para avalar una reforma que garantiza que las modificaciones a la Constitución no pueden ser impugnadas ni suspendidas.

    Debate intenso en Morelos

    El debate en Morelos se desarrolló en un clima de tensiones políticas, con el Partido Acción Nacional (PAN) acusando a la reforma de reprimir las libertades de los ciudadanos. A pesar de las críticas, la propuesta fue aprobada, reflejando el apoyo consolidado de la mayoría oficialista, que busca afianzar la estabilidad de las reformas en el país.

    Sinaloa se suma al consenso

    Sinaloa se convirtió en la décima séptima entidad en aprobar esta reforma, tras un debate de dos rondas en las que los diputados de oposición advirtieron que la reforma se produce en un contexto de violencia y crisis de derechos humanos. Con 28 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado respaldó la reforma, que modifica el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución.

    Durango también aprueba

    El Congreso de Durango siguió el ejemplo de sus homólogos al aprobar por mayoría el dictamen que establece la inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución. Esta aprobación se suma a las de otras entidades y refuerza la tendencia hacia la consolidación de la “supremacía constitucional” en el país.

    Críticas y apoyos

    La reforma ha suscitado una polarización entre los partidos políticos, con la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados argumentando que la medida es necesaria para garantizar la estabilidad y continuidad de las políticas públicas. Sin embargo, la oposición sostiene que se corre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales y la capacidad de los ciudadanos para impugnar decisiones del Estado.

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