El exgobernador de Morelos y actual diputado federal por el Partido del Trabajo, Cuauhtémoc Blanco, fue declarado responsable de violencia política de género por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un fallo que tendrá consecuencias directas sobre su futuro político.
La sentencia responde a un acto ocurrido en mayo de 2023, cuando Blanco, acompañado de su entonces director de logística y eventos, Arturo Millán, impidió el acceso de la diputada federal Juanita Guerra Mena al palco principal durante un desfile cívico en Cuautla. Según los magistrados, esta exclusión constituyó un acto de violencia simbólica y psicológica que buscó minimizar y deslegitimar el ejercicio del cargo público de la legisladora, exclusivamente por razones de género.
Sanción firme y registro en el INE
Ambos funcionarios fueron inscritos por un periodo de 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante ese tiempo, no podrán postularse a ningún cargo de elección popular, lo que representa un revés político para Blanco, quien ha manifestado aspiraciones de continuar su carrera en la esfera nacional.
Magistrada disidente
La resolución fue aprobada por mayoría de votos, con la magistrada Laura Sámano Ríos emitiendo un voto particular en contra. Sámano argumentó que no se acreditó que la exclusión de Guerra Mena tuviera un componente de género, y sostuvo que el evento tenía una logística limitada que no necesariamente implicaba un acto discriminatorio.
Blanco, bajo presión judicial y mediática
Este nuevo revés legal se suma a una creciente lista de señalamientos en contra de Blanco. En los últimos años, ha enfrentado acusaciones por vínculos con el crimen organizado, corrupción y violencia sexual, incluyendo una denuncia de intento de violación presentada por su media hermana. Aunque el Congreso de Morelos bloqueó una solicitud de desafuero en su contra, el caso sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía.
El caso y su relevancia nacional
Especialistas en derecho electoral consideran que esta sentencia sienta un precedente importante para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. “Es un mensaje claro: las prácticas simbólicas de exclusión también constituyen violencia política de género”, afirmó un exconsejero del INE consultado para este medio.