Por incumplir la ley electoral, 13 partidos, incluyendo seis que ya perdieron el registro, tienen un saldo por pagar de 298.6 millones de pesos.
Pese a que algunas sanciones fueron emitidas desde 2013, éstas no han sido liquidadas debido a que las decisiones han sido impugnadas por los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que han podido aplazar los pagos.
Así lo detalla la plataforma de Sanciones y Remanentes del Instituto Nacional Electoral (INE), consultada por EL UNIVERSAL al corte del 30 de mayo.
El Partido del Trabajo (PT) encabeza la lista con un saldo pendiente que asciende a 127 millones 77 mil 922 pesos, 42.5% del total de partidos.
La multa más elevada fue de 119.8 millones de pesos, tras comprobarse que María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), desvió 59 millones de pesos para el instituto político que encabeza su esposo, Alberto Anaya.
Luego de tres años de investigación, el órgano electoral resolvió que los recursos desviados entre 2015 y 2017 fueron enviados al delegado del partido en Aguascalientes, Héctor Quiroz, y otros dirigentes para financiar sus actividades.
En la lista sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por sanciones impuestas desde 2013 que suman 43 millones 446 mil 987 pesos, derivadas de las irregularidades encontradas en el informe de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012.
El sistema también tiene registrados adeudos de partidos que perdieron el registro entre 2018 y 2021, al no alcanzar un mínimo de 3% de los votos, con un saldo pendiente de 87 millones 79 mil 475 pesos, lo que equivale a 29.1% del total.
Otro partido que tiene saldos pendientes es Movimiento Ciudadano (MC), que suma un adeudo de 29.4 millones de pesos por dos sanciones.
La más importante corresponde a la interpuesta por el Instituto Nacional Electoral, debido a la triangulación de recursos para la campaña del ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por 28 millones 53 mil pesos.
El órgano electoral comprobó que la familia del mandatario estatal aportó 14 millones de pesos al partido que encabeza Dante Delgado, de los cuales, 6.8 millones se canalizaron a su campaña por la gubernatura. A pesar de impugnar la decisión, el TEPJF confirmó la resolución del INE.
Con un monto menor por pagar, Morena suma cuatro sanciones por 6 millones 430 mil 391 pesos por aportaciones de simpatizantes al gasto ordinario y afiliación y uso indebido de información personal.
Entre éstas destaca la sanción por retener los salarios de trabajadores del municipio de Texcoco, Estado de México, entre 2014 y 2015, cuando Delfina Gómez era alcaldesa y aspiraba a la gubernatura de la entidad, la cual finalmente perdió.
El INE comprobó que se realizaron retenciones a los trabajadores por 13 millones de pesos, a la par que el ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya por 10 millones 810 mil 939 pesos y nueve cheques a Sara Iveth Rosas Rosas por 2 millones 74 mil 205 pesos. Sin embargo, no se acreditó que la beneficiaria directa fuera Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por su parte, el Partido Verde tiene saldos pendientes por 3 millones de pesos, la mayoría por el proceso electoral de 2021, por omisión de informe de campaña y egreso no reportado.
Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con cinco multas que suman 2 millones 35 mil 508 pesos por afiliación y uso indebido de información personal, y uso indebido de pautas en televisión.
El último en la lista es el Partido Acción Nacional (PAN), con sanciones sin liquidar que ascienden a 103 mil 510 pesos, una de éstas impuesta desde 2016.
Esta sanción corresponde a una aportación hecha en el año 2015 por una persona no identificada, la cual fue clasificada como “grave ordinaria”, por la que el blanquiazul debe pagar 42 mil 436 pesos.
Partidos sin registro también presentan adeudos
A pesar de haber perdido el registro entre 2018 y 2021, seis partidos más tienen saldos pendientes por pagar mediante su proceso de liquidación.
Esta lista la encabeza Redes Sociales Progresistas, partido que era presidido por Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, el cual sólo logró sobrevivir un año.
Sin embargo, durante el proceso electoral 2020-2021 acumuló sanciones por egresos no comprobados, omisión de registro de gastos de inmuebles, entre otros, por 29 millones 498 mil 654 pesos.
En su único año en actividades, el órgano electoral también sancionó a Fuerza por México, al igual que a Fuerza Social por México, su anterior denominación, por un total de 28 millones 852 mil 788 pesos.
En el mismo grupo se encuentra el Partido Encuentro Social, que tras perder el registro en 2018 regresó con el nombre de Encuentro Solidario en 2020, pero sólo pudo mantenerlo durante un año.
Ambos partidos suman un saldo pendiente de 23 millones 740 mil 936 pesos, la mayor parte desde el año 2018.
El último de la categoría es Nueva Alianza, que perdió el registro en 2018, y suma un adeudo por reducciones y multas de 4 millones 987 mil 95 pesos.
La base de datos de las sanciones se actualiza cada que los Organismos Públicos Locales o la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizan una captura de información de las deducciones. Los cambios se ven reflejados un día después de que se carga la nueva información al sistema.
En el caso de los partidos sin registro, las multas y retenciones se cobran del proceso de liquidación de los mismos.
En el caso de los otros institutos políticos, se realizan las retenciones correspondientes a sus administraciones mensuales, dependiendo de las resoluciones del órgano electoral.
Los recursos derivados de las sanciones impuestas en el ámbito federal deben destinarse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mientras que en el caso de procesos locales deben enviarse al organismo encargado de ciencia, tecnología e innovación de cada entidad.
En este caso, el monto que aún está pendiente por destinar al Conacyt asciende a 167 millones 674 mil 159 pesos.
EL UNIVERSAL