CHIHUAHUA
Ante la pregunta de si al exgobernador César Duarte se le ofrecerá ser testigo colaborador, como sucedió con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República y que él piensa que debe ser extraditado.
“Eso corresponde a la Fiscalía, yo pienso que deben de extraditarse todos lo que cometen delitos, sobre todo de corrupción, no se cuál sería el procedimiento para el caso de Duarte, eso la Fiscalía lo tiene que resolver”, dijo el Presidente de México, quien aprovechó para recordar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.
Duarte se encuentra detenido desde el 8 de julio en Miami y las autoridades de Chihuahua han solicitado su extradición para ser juzgado en su tierra natal. Por ahora, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami.
De acuerdo con la Operación Justicia para Chihuahua, promovida por Javier Corral, actual gobernador de la entidad, Duarte enfrenta al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, mismas que ocurrieron durante la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ambos del mismo partido político.
A pesar de que Duarte comparecerá ante la jueza Louis en apenas unos días, su defensa, compuesta por los abogados Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, “no ha presentado por el momento la moción en la que solicite la libertad bajo fianza”, según los archivos judiciales consultados por EFE.
La juzgadora federal estadounidense ya tuvo la primera audiencia con Duarte hace un par de semanas, cuando le leyó los cargos por los que enfrenta el pedido de extradición de su país: “Malversación agravada y conspiración agravada”. En la primera cita, los abogados pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de Duarte.
La defensa subrayó que necesitaba reunir la información. Duarte está acusado en México por delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito. “Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda en Estados Unidos.