El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados denunció este martes que, en la revisión de la Cuenta Pública 2024 entregada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se excluyó cualquier auditoría específica al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante esta omisión, y en el contexto del grave descarrilamiento ocurrido en diciembre de 2025 que dejó 14 fallecidos y decenas de heridos, los diputados panistas exigieron la realización inmediata de una auditoría especial exhaustiva que revise a fondo el uso de los recursos, los contratos, la calidad de los materiales y las decisiones administrativas del megaproyecto ferroviario, cuya seguridad operativa ahora está en el centro del debate público.
LA EXIGENCIA: UNA AUDITORÍA URGENTE TRAS LA RECIENTE TRAGEDIA
El vicecoordinador económico de la bancada panista, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, formalizó la petición. Señaló que es preocupante y “extraño” que en la revisión de la ASF correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no se haya incluido una auditoría al Tren Interoceánico, precisamente en un año en que el proyecto ya estaba en operación y meses antes de sufrir un accidente de gran magnitud.
“Extrañamente en la cuenta pública 2024 no se ha incluido nada sobre el Tren Interoceánico. Aún no sabemos si durante 2024 fue auditado. Por eso la importancia de una auditoría especial exhaustiva de uso de recursos, planes, contratos, materiales y decisiones administrativas del proyecto”, afirmó Téllez Hernández. El legislador subrayó que esta auditoría debe realizarse con total independencia y es urgente a la luz del descarrilamiento de diciembre de 2025, complementando las investigaciones técnicas sobre las causas del accidente.
UN HISTORIAL DE IRREGULARIDADES QUE PRECEDE A LA TRAGEDIA
La exigencia del PAN se sustenta en un extenso historial de irregularidades financieras y administrativas que la propia ASF ha detectado en las cuentas públicas de años anteriores relacionadas con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., la empresa estatal a cargo del proyecto. Este historial plantea dudas sobre los controles en la obra que podrían relacionarse con estándares de calidad y seguridad.
· Cuenta Pública 2023: La ASF identificó irregularidades por más de 25 millones de pesos. Entre los hallazgos más graves destacan:
· Pagos indebidos por 23.4 millones de pesos en servicios personales sin documentación justificativa.
· Falta de control en nóminas: documentos sin firma, inconsistencias en cifras, expedientes de personal incompletos y diferencias en retenciones de ISR.
· Pagos por materiales y refacciones de locomotoras arrendadas (877,700 pesos) que, por contrato, debían ser suministrados por el arrendatario.
· Contratos por suministro de diésel y arrendamiento de locomotoras sin condiciones claras de precios o procedimientos.
· Cuenta Pública 2022: Se detectaron pagos en exceso por más de 7.7 millones de pesos en contratos de rehabilitación de vías (Línea Z), incluyendo:
· Pagos por mano de obra no existente y por facturar riel de una categoría más cara de la instalada.
· Duplicidad en el pago por metros de vía y facturación de servicios no utilizados, como la renta de una lancha para muestreo que nunca se empleó.
· Cuenta Pública 2019: Se encontró un probable daño a la Hacienda por 4 millones de pesos por pagos sin autorización.
LA SOMBRA DEL ACCIDENTE SOBRE LA FISCALIZACIÓN
El descarrilamiento de diciembre de 2025 transforma la exigencia de auditoría de un tema de control financiero a un asunto de seguridad pública y responsabilidad. Para el PAN, el hecho de que la ASF no incluyera al Tren Interoceánico en su plan de revisiones para 2024 representa una oportunidad perdida de prevenir posibles fallas.
La suma del historial de opacidad en el gasto con la reciente tragedia genera, según la oposición, una obligación ineludible de escrutinio. Argumentan que es inconcebible que un proyecto de esta importancia, ya marcado por irregularidades y ahora por un accidente fatal, no sea objeto de la máxima supervisión fiscalizadora.
La solicitud pone ahora a prueba la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, quienes enfrentan presión para autorizar una auditoría especial que, más allá de las cifras, busque garantizar que los recursos públicos se tradujeron en una obra segura y funcional para los usuarios.