En medio de fuertes cuestionamientos por su presunta falta de autonomía y posibles impedimentos legales, el Congreso de Veracruz avaló el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva Fiscal General del Estado (FGE).
La designación fue aprobada con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, gracias a la mayoría de Morena y aliados, con el voto adicional del diputado de Movimiento Ciudadano Adrián Ávila. Legisladores de oposición calificaron el proceso como una imposición y acusaron que la nueva fiscal llega como una “fiscal a modo” del Ejecutivo estatal.
La diputada emecista Elena Córdova advirtió que el método de designación pone en entredicho la autonomía de la Fiscalía. “Estamos ante un hecho en donde el Ejecutivo propone y el Legislativo obedece, a punto de usar un método que no garantiza la independencia de la nueva titular de la FGE. Es un proceso hecho a modo que lastima a la democracia”, sostuvo durante la sesión.
Desde el PRI, el diputado Héctor Yunes Landa consideró “peligrosa” la imposición de Jiménez Aguirre y señaló que, durante su etapa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se habrían presentado presuntas irregularidades. Acusó que su secretario particular, David Cardeña, enfrenta al menos tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por abuso de autoridad, registradas en los expedientes 201/2021, 596/2023 y 715/2024.
El legislador priista también criticó que Jiménez Aguirre compitiera recientemente para repetir como magistrada y, pese a aparecer en los llamados “acordeones”, no obtuvo respaldo ciudadano, pero ahora fue “premiada” con la titularidad de la Fiscalía. Recordó que apenas días antes había negado públicamente su llegada a la FGE, afirmando que había rendido protesta para un periodo de nueve años como magistrada.
“Hoy ya es fiscal, faltando al legado obradorista de no mentir”, reprochó Yunes Landa, quien además afirmó que la ahora fiscal no cuenta con el perfil necesario para el cargo, al dejar un Tribunal Superior de Justicia ubicado en los últimos lugares nacionales en impartición de justicia civil y penal, así como más de 5 mil 400 personas en prisión preventiva, muchas de ellas con más de dos años sin sentencia.
A los señalamientos políticos se sumó una advertencia de carácter legal. Tomás Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, sostuvo que Lisbeth Aurelia Jiménez está legalmente impedida para asumir la Fiscalía General del Estado.
El especialista explicó que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las personas que hayan ocupado el cargo de magistradas o juezas no pueden desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo excepciones específicas. Además, señaló que quienes hayan sido magistrados no pueden, durante los dos años posteriores a su retiro, actuar como abogados, patronos o representantes ante órganos del Poder Judicial.
“Ella viene de una elección que ganó como magistrada y no puede litigar. Como fiscal, lo que haría todos los días es litigar ante jueces, lo cual contraviene directamente la ley”, advirtió Mundo Arriasa, tras citar de manera textual el artículo referido.
Pese a las críticas y a los argumentos sobre un posible impedimento legal, el Congreso local formalizó el nombramiento, mientras sectores jurídicos y de oposición anticipan que la designación podría ser impugnada y convertirse en un nuevo foco de controversia política y judicial en Veracruz.