En una postura firme y controvertida, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este mañana que no retirará del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial, desafiando una suspensión otorgada por la jueza federal Nancy Juárez Salas. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum no solo desestimó la resolución judicial, sino que también informó que denunciará ante el Consejo de la Judicatura a los jueces que han emitido amparos en contra de dicha reforma.
“No vamos a bajar la publicación”, afirmó con determinación, señalando que las suspensiones otorgadas por los jueces “son abiertamente contrarias a derecho”, aludiendo a que, según la Ley de Amparo, no se puede proceder en contra de reformas constitucionales. En su argumento, la mandataria señaló que la suspensión emitida por la jueza no tiene sustento legal, dado que no procede contra procesos legislativos ni reformas constitucionales. “El acto ya está consumado”, concluyó.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, respaldó la postura de Sheinbaum, subrayando que las reformas constitucionales no están sujetas a control jurisdiccional. “La labor del órgano reformador de la Constitución es una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo”, enfatizó.
Crisis constitucional en puerta
La negativa de la presidenta de acatar la orden judicial ha desatado una ola de críticas desde el Poder Judicial. La JUFED (Asociación de Jueces y Magistrados Federales) emitió un comunicado expresando su rechazo ante lo que considera una amenaza al estado de derecho. En el documento, la asociación advierte que “la discrecionalidad que la Constitución Federal y su ley reglamentaria no reconoce para las autoridades responsables” se está convirtiendo en un patrón sistemático de desobediencia hacia el Poder Judicial.
“El desacato a las suspensiones dictadas por jueces federales implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano”, declaró el organismo. La JUFED calificó la situación como una ruptura del orden constitucional, enfatizando que en cualquier país democrático, las decisiones judiciales deben controvertirse a través de los medios de impugnación correspondientes, no con amenazas o denuncias contra los jueces.
Advertencia desde el Poder Judicial
En este contexto, el magistrado del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, calificó de alarmante la postura del Ejecutivo. “La desobediencia de un mandato judicial, especialmente cuando proviene de la Presidencia de la República, crea un precedente peligroso que afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas”, advirtió.
Gómez Fierro recordó que el mecanismo adecuado sería impugnar la suspensión de la reforma judicial ante un tribunal colegiado, para que sea esta instancia la que determine si la jueza actuó correctamente. El magistrado señaló que el desacato socava la confianza en las instituciones y el equilibrio de poderes en el país.
Conflicto institucional
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha agudizado en las últimas semanas, tras una serie de resoluciones judiciales que han frenado partes de la polémica reforma judicial impulsada por el Congreso y respaldada por Sheinbaum. La reforma ha sido objeto de múltiples impugnaciones, principalmente por considerarse violatoria de derechos fundamentales y por centralizar el poder en el ámbito judicial.
Este desencuentro ha puesto en evidencia una crisis constitucional de grandes dimensiones, con la negativa del gobierno de cumplir órdenes judiciales y la creciente tensión entre los poderes del Estado. La denuncia anunciada contra la jueza Nancy Juárez Salas podría convertirse en un nuevo capítulo de este conflicto, mientras observadores y analistas advierten sobre el impacto que estos desencuentros podrían tener en la estabilidad democrática del país.
El desenlace de esta confrontación aún está por verse, pero lo que es claro es que la desobediencia de la mandataria ha encendido las alarmas en todo el sistema judicial, dejando entrever una fractura en el delicado equilibrio de poderes que define al Estado de derecho en México.