El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que 71 mil 755 firmas para la revocación de mandato son falsificadas, lo que representa un 13 por ciento de todas las que han sido recabadas hasta este momento.
De acuerdo con el consejero electoral Ciro Murayama, todas son fotocopias de credenciales para votar y no apoyos reales.
La aplicación diseñada por INE para recabar firmas “permitió detectar la trampa e inhibirla”, sostuvo Murayama.
Los lineamientos legales para la realización de la consulta establecen como requisito que, al menos, el 3 por ciento de los ciudadanos que conforman la lista nominal de electores hayan solicitado su realización a través de su firma.
De esta manera, el INE debe haber reunido 2 millones 758 mil 227 firmas válidas, provenientes de 17 entidades federativas del país, antes del 25 de diciembre de 2021.
Una de las promoventes que entregó más registros con inconsistencias es Gabriela Jiménez, presidenta de la organización civil Que Siga la Democracia, la cual afirma haber entregado al INE 3.7 millones de firmas de ciudadanos que respaldan la consulta para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la cancelación del registro como auxiliares de siete promoventes de esta agrupación, al determinar que “de manera reiterada y consistente han entregado a la autoridad al menos el 5% de apoyos con inconsistencias, lo que permite concluir que se trata de un proceder sistemático, encaminado a incrementar el número de firmas para la celebración del ejercicio de democracia directa”.
A través de un video publicado en redes este jueves durante una entrega de firmas en la sede nacional del INE, Lizette Vázquez Sánchez, integrante de Que Siga la Democracia afirmó que “la consulta será inevitable”.
“El pueblo organizado aquí está, estamos presentando lo que tanto nos exigían y si se pudo. Vamos por más, no vamos a descansar hasta el último día que es 25 de diciembre, no importa que sea navidad”
Funcionarios públicos recaban firmas
La Comisión de Quejas y Denuncias también ordenó dar de baja como auxiliares a servidores públicos que participaron en el proceso de recolección de firmas, en violación de la normatividad establecida.
Entre los funcionarios involucrados destaca el diputado federal en funciones, Ángel Benjamín Robles Montoya. Los servidores públicos Arturo Sosa Vázquez, Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures, también serán dados de baja y los apoyos captados serán invalidados.
“Se consideró que el legislador y las personas servidoras públicas referidas han tenido una participación activa en el proceso de revocación de mandato ya que, en apariencia del buen derecho, se evitaría la intervención de personas funcionarias o servidoras públicas que pudieran influir en la decisión de la ciudadanía de que se realice el procedimiento de revocación de mandato”, dice un comunicado divulgado por el INE.