Chihuahua, Chih.— Ariel Ruvalcaba llegó sonriente al hospital el día de su cirugía. Era un niño que, pese a enfrentar un tratamiento oncológico, mantenía una actitud alegre y llena de esperanza. Sin embargo, aquella mañana que comenzó como un procedimiento médico considerado rutinario terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy mantiene a su familia en una lucha legal por justicia.
Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2024, cuando Ariel acudió a consulta de seguimiento en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, donde era atendido por su condición médica. Durante esa revisión, su oncóloga indicó que el menor necesitaba una cirugía ambulatoria para acomodar su testículo izquierdo, un procedimiento que —según recuerda su madre— fue descrito como sencillo.
Tras la valoración, la familia fue canalizada con el cirujano Ricardo García Vázquez, quien recomendó realizar la intervención en el Hospital Palmore, argumentando que ahí podría efectuarse con mayor rapidez debido al estado de salud del menor.
Después de cumplir con estudios preoperatorios y trámites médicos, la operación quedó programada para el 18 de marzo de 2024.
Ese día, Ariel llegó contento al hospital. Minutos después de su ingreso fue llevado al quirófano. Pero, según el testimonio de la familia, desde el inicio algo generó inquietud.
El padre del menor asegura que observó al anestesiólogo preparar lo que describieron como una doble aplicación de anestesia. A partir de ese momento, dicen, comenzó la incertidumbre.
Las horas pasaron.
Cerca de las 10:40 de la mañana, una enfermera pidió a la madre que ingresara al área de recuperación para acompañar a su hijo. Sin embargo, al verlo, algo no parecía normal.
La mujer recuerda que Ariel permanecía inmóvil. Incluso escuchó a una enfermera comentar que las máquinas de monitoreo no funcionaban correctamente.
Preocupada, se acercó a tocarlo.
“Su piel estaba fría”, relata.
Intentó alertar al personal médico en varias ocasiones, pero asegura que no recibió atención inmediata. Cuando finalmente revisaron al niño, el ambiente cambió repentinamente.
La madre fue retirada del lugar y minutos después le informaron que Ariel había sufrido un paro respiratorio.
El anestesiólogo llegó apresuradamente al área médica. Durante horas, afirma la familia, no recibieron una explicación clara de lo que ocurría.
Desesperada, la madre decidió ingresar por su cuenta a la zona médica. Ahí encontró a su hijo en terapia intensiva, conectado a diversos equipos y con bolsas de calor para estabilizar su temperatura corporal.
Según su relato, el especialista le dijo que Ariel había sufrido un paro respiratorio, pero que podría despertar en un lapso de 24 horas.
Ese momento nunca llegó.
Con el paso de los días, la situación se volvió más angustiante. La madre comenzó a notar una inflamación considerable en la cabeza del niño, lo cual —asegura— reportó al personal médico, quienes le dijeron que era una reacción normal.
El 22 de marzo, médicos informaron finalmente que Ariel presentaba muerte cerebral.
Diversos especialistas acudieron posteriormente a valorarlo y el diagnóstico se mantuvo: daño neurológico irreversible.
En medio del dolor y la confusión, la familia solicitó el expediente médico completo del procedimiento. Sin embargo, según su denuncia, el hospital tardó dos días en localizarlo, argumentando inicialmente que no se encontraba.
Durante ese tiempo, Ariel permaneció conectado a soporte vital.
Su madre asegura que en ocasiones notaba movimientos en el cuerpo del niño, pero los médicos explicaban que se trataba únicamente de reflejos.
También relata que en varias ocasiones se le planteó la posibilidad de desconectarlo de los aparatos, algo que la familia se negó a aceptar.
La madrugada del 31 de marzo de 2024, a la 1:13 de la mañana, las alarmas de los monitores comenzaron a sonar.
Una enfermera entró a la habitación y le dijo que había llegado el momento.
Minutos después, una doctora retiró los equipos que mantenían con vida al menor.
Ariel murió esa madrugada.
Días después del funeral, la madre asegura que fue contactada por un abogado que buscaba hablar con ella sobre el caso y le aseguró que el anestesiólogo no tenía responsabilidad en lo ocurrido. La mujer rechazó reunirse, pues ya había iniciado asesoría legal.
Desde entonces, la familia emprendió acciones ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde presentaron una demanda y diversas pruebas relacionadas con el caso.
No obstante, señalan que el proceso ha avanzado lentamente. Según la madre, incluso se otorgó un plazo para la presentación de peritajes médicos por parte de autoridades correspondientes, pero —afirma— estos no fueron entregados dentro del tiempo establecido.
Hoy, casi dos años después de la muerte de Ariel, la familia asegura que aún no existe una resolución judicial ni sanciones contra quienes participaron en el procedimiento.
Mientras tanto, dice su madre, los médicos involucrados continúan ejerciendo su profesión.
“Lo único que quiero es justicia para mi hijo”, expresa.
Cada 31 de marzo, la familia recuerda a Ariel: el niño que entró sonriente al hospital para una cirugía menor y cuya historia se convirtió en una larga batalla contra el tiempo, la burocracia y el silencio institucional.