La exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho, ha solicitado la renuncia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a la presidencia del partido, argumentando que su mandato finalizó oficialmente el pasado 29 de agosto. Esta declaración surge después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no validar la reforma a los estatutos del PRI, la cual permitió la reelección de Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Sauri destacó la importancia de designar una dirigencia provisional en espera de lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las impugnaciones presentadas en contra de la Asamblea Nacional del PRI y las reformas estatutarias que derivaron en la reelección del CEN. Según la exgobernadora de Yucatán, “Alito” Moreno ya no tiene la autoridad legal para continuar como presidente del partido.
La también expresidenta del PRI señaló que si bien Moreno tiene derecho a inconformarse ante el tribunal en su calidad de militante, no puede hacerlo en representación del Comité Ejecutivo Nacional. De acuerdo con Sauri, el periodo de Moreno y de la secretaria general del partido culminó legalmente el 29 de agosto, lo que implica que el PRI no cuenta actualmente con una dirigencia formal.
Falta de justicia interna
Sauri también denunció la inacción de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, la cual, según ella, ha retrasado deliberadamente la resolución de recursos de impugnación relacionados con la convocatoria para la renovación del CEN. Según la exdirigente, esta situación vulnera los derechos de la militancia priista y está impidiendo que el partido avance hacia la elección de una nueva dirigencia.
La exgobernadora reveló que tanto ella como el exdirigente Pedro Joaquín Coldwell impugnaron las reformas a los estatutos del PRI aprobadas en diciembre de 2022, pero que a la fecha no han recibido respuesta por parte de la Comisión de Justicia Partidaria.
El futuro del PRI en manos del Tribunal
Con relación a la resolución del INE, Sauri indicó que el Tribunal Electoral debe revisar si el organismo actuó correctamente al declarar ilegal la Asamblea del PRI y, por ende, todos los resultados derivados de la misma. En caso de confirmarse, esto significaría la nulidad de los cambios estatutarios y la necesidad de convocar a una nueva Asamblea Nacional para resolver la reelección de la dirigencia.
A la espera del fallo del TEPJF, Dulce María Sauri reiteró que la urgencia radica en la elección de una dirigencia provisional que pueda convocar a nuevas elecciones, ya que, formalmente, el PRI se encuentra sin una dirigencia nacional activa.