En un intento por cerrar la brecha entre la ley escrita y la realidad que viven miles de mujeres, el Congreso del Estado de Durango fue escenario de una iniciativa que podría marcar un antes y un después en el acceso a la justicia con perspectiva de género.
La diputada Delia Leticia Enríquez Arriaga, integrante del grupo parlamentario de Morena y de la Coalición Cuarta Transformación, presentó una propuesta para reformar el Código Penal del Estado con el objetivo de presumir la legítima defensa en casos de violencia de género, cuando una mujer repele una agresión o se encuentra en riesgo inminente.
La iniciativa, presentada durante la sesión permanente del 5 de febrero de 2026, plantea una modificación al artículo 28, relativo a las causas de justificación que excluyen la responsabilidad penal. El cambio central consiste en que, salvo prueba en contrario, se presuma que la mujer actuó en legítima defensa, sin exigirle demostrar antecedentes previos de violencia, uno de los principales obstáculos que hoy enfrentan las víctimas ante el sistema de justicia.
Pero la propuesta va más allá. El proyecto legislativo obliga a las autoridades ministeriales y judiciales a analizar estos casos bajo una perspectiva de género, reconociendo los contextos de desigualdad, miedo y riesgo en los que suelen ocurrir las agresiones. Además, extiende la protección legal a terceras personas —familiares, amistades o cualquier ciudadano— que intervengan para auxiliar a una mujer en peligro, evitando que sean criminalizadas por actuar en su defensa.
Durante la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la figura de la legítima defensa ya existe en el marco jurídico mexicano, pero no responde adecuadamente a las dinámicas de la violencia de género, lo que ha derivado en casos donde mujeres que se defendieron de sus agresores terminaron procesadas penalmente.
De aprobarse la reforma, Durango se convertiría en el tercer estado del país en avanzar hacia esta garantía jurídica, reforzando la protección de niñas, adolescentes y mujeres frente a agresiones y enviando un mensaje claro: defender la propia vida no debe ser castigado.
La iniciativa ahora entra en análisis legislativo, en un contexto donde la discusión sobre justicia, género y derechos humanos se vuelve cada vez más urgente. El debate está abierto y, con él, la posibilidad de que la ley comience a mirar la violencia desde los ojos de quienes la viven.