En respuesta al repunte de la violencia en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó un refuerzo militar de 1,600 elementos del Ejército Mexicano, incluidos integrantes de Fuerzas Especiales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El operativo inició la mañana del 29 de enero de 2026, alrededor de las 08:40 horas, cuando cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, así como desde otros puntos del país, con destino a los municipios de Culiacán y Mazatlán.
De acuerdo con información oficial, el contingente está conformado por 1,600 efectivos, entre ellos 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, considerados personal de élite del Ejército. El despliegue tiene como objetivo reforzar el estado de fuerza de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar, responsables de las operaciones de seguridad en la entidad.
Las tropas fueron integradas de inmediato a labores de patrullaje, disuasión, prevención del delito y presencia territorial, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Guardia Nacional, para inhibir actividades de grupos delictivos que operan en la región.
El envío de este refuerzo militar ocurre un día después del ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes fueron agredidos a balazos en Culiacán tras salir del Congreso del Estado. El atentado dejó a Torres Félix gravemente herido, mientras que Montoya Ojeda resultó fuera de peligro.
Sinaloa atraviesa desde hace más de un año un periodo de violencia sostenida, derivada principalmente de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó a partir de mediados de 2024 y que durante 2025 provocó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, secuestros y ataques de alto impacto.
La Defensa informó que el personal desplegado actuará en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de restablecer condiciones de seguridad y proteger a la población civil.