Organizaciones civiles han emitido un fuerte llamado de alerta sobre la situación en Chiapas, describiendo la región como un “campo de guerra civil” debido al incremento de la violencia contra defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas. Esta advertencia surge en el contexto del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el domingo pasado, un hecho que ha profundizado la preocupación sobre la seguridad y la estabilidad en la entidad.
“A poco más de dos semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum, Chiapas está en un escenario de guerra civil”, declaró Julieta Egurrola durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde se leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones. Esta declaración recordó que, en 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya había señalado que Chiapas estaba “al borde de la guerra civil”, una advertencia que ahora parece haberse materializado.
Los denunciantes señalaron que los habitantes del poblado ‘6 de octubre’, relacionado con el EZLN, han sido objeto de amenazas graves, incluyendo el uso de “armas de alto poder”, violaciones a mujeres, quema de casas y robos de cosechas y animales, con el objetivo de desalojarlos de sus tierras. Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), especificó que los comuneros han enfrentado intimidaciones por parte de pobladores de una comunidad llamada Palestina, quienes están supuestamente asociados con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, quien fue atacado mientras se dirigía a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, ha intensificado la crisis en la región. González describió este hecho como “un asesinato violento y atroz” que contribuye a un panorama cada vez más sombrío. “Estamos en medio de una guerra que día con día está creciendo; Chiapas está en guerra, México está en guerra”, enfatizó.
El activista subrayó que “las instituciones del Estado mexicano, del color (partido político) que sean, están penetradas por los cárteles criminales” y se están utilizando para la ocupación de territorios. Esta penetración ha permitido que la frontera con Guatemala esté desprotegida, mientras cientos de personas, especialmente jóvenes, desaparecen o son asesinadas en la región.
González también destacó que esta situación se articula en torno a “grandes megaproyectos” impulsados por el gobierno mexicano en colaboración con intereses de Estados Unidos y corporaciones multinacionales, como el Tren Maya, que ha sido objeto de controversia por sus implicaciones para las comunidades indígenas y el medio ambiente. “Esto pasó con (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012), pero sigue ocurriendo actualmente”, apuntó.
Los activistas hicieron un llamado urgente al gobierno para que detenga la violencia y finalice la colaboración con los cárteles. En el pronunciamiento, que fue firmado por diversos colectivos y figuras públicas, entre ellos el actor Diego Luna, se pidió un alto a la militarización de la región.
Isabel Valencia, delegada de la comunidad otomí en Ciudad de México, acusó a la presidenta Sheinbaum de “simulación” al afirmar que “llegamos todas y todos” con su gobierno, declarando que no representa los intereses de los pueblos originarios. Este clima de tensión y violencia en Chiapas resalta la necesidad de una respuesta efectiva y sensible por parte del Estado para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades vulnerables.