Ciudad de México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un empate en el polémico caso de Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.
Cuatro de los cinco magistrados de la Primera Sala discutieron el martes si se revocaba o no el amparo que podría dar la libertad a Aburto, quien ha cumplido 30 años de una condena originalmente de 45 años por homicidio calificado.
La ausencia de voto del ministro presidente de la sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ha dejado la decisión en espera, ya que el empate obliga a la intervención de un magistrado de la Segunda Sala para romper la paridad.
El caso de Mario Aburto ha sido uno de los más debatidos en la historia reciente de México, pues está directamente vinculado con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia en 1994.
Tras el asesinato en Lomas Taurinas, Baja California, Aburto fue arrestado y condenado a 45 años de prisión el 22 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, un amparo interpuesto por la Defensoría Pública Federal solicitó que la pena se ajustara al Código Penal de Baja California, que establecía una condena máxima de 30 años por homicidio, lo que abriría la puerta a su liberación, dado que Aburto cumplió esa cantidad de años en prisión el pasado marzo.
El amparo argumenta que, según jurisprudencia vigente desde 2010, los jueces federales deben aplicar las normas penales del estado en que ocurrió el delito cuando se trata de delitos del orden común, como es el caso de este asesinato, a pesar de su relación con delitos federales.
El debate en la Primera Sala de la SCJN dejó en evidencia las posturas encontradas entre los magistrados. El proyecto que se discutía, presentado por el ministro Juan Luis González Carrancá, proponía revisar el juicio de amparo y permitir la participación de las víctimas indirectas del caso, es decir, la familia de Colosio. Esta revisión podría haber derivado en una confirmación de la pena de 30 años, lo que permitiría la liberación de Aburto. González Carrancá y la ministra Loretta Ortiz votaron a favor del proyecto, considerando que el juez de amparo debía dar voz a la familia en este proceso.
En cambio, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat votaron en contra. Ríos Farjat, quien fue la única en pedir la palabra durante la sesión, explicó que, en 1994, las leyes no reconocían el mismo derecho a las víctimas indirectas que se tiene hoy, y por tanto, su participación en el proceso no debía reabrirse. Además, señaló que esto podría alargar innecesariamente el juicio y generar falsas expectativas para la familia Colosio.
El empate en la votación, resultado de la abstención de Jorge Mario Pardo Rebolledo debido a su participación previa en el caso cuando era juez federal en el Estado de México, ha llevado a la Primera Sala a solicitar la intervención de un magistrado de la Segunda Sala para romper el empate. La Corte no ha especificado cuándo se tomará esta decisión.
El amparo presentado por la defensa de Mario Aburto se basa en la diferenciación entre las penas federales y las estatales. En 1994, el Código Penal Federal permitía sentencias de hasta 50 años por homicidio calificado, pero en Baja California, la pena máxima por el mismo delito era de 30 años.
La defensa argumentó que la condena debía ajustarse a la legislación local, y que al haberse cumplido ya esos 30 años, Aburto tiene derecho a su libertad. Este caso ha reavivado el debate sobre la justicia en torno al asesinato de Colosio, uno de los episodios más oscuros en la historia política de México. Además, plantea preguntas sobre la equidad en la aplicación de la ley y la legitimidad de mantener a Aburto en prisión más allá del tiempo que marca la ley del estado donde se cometió el crimen.