Alejandra Jiménez, síndica municipal de Santa María Apazco, Oaxaca, fue detenida esta semana y recluida en los separos de la comunidad de Tierra Colorada, en un acto que pobladores califican como arbitrario. La funcionaria había denunciado presuntas irregularidades financieras cometidas por el presidente municipal, Omar Bautista, entre ellas un posible desvío de más de 10 millones de pesos.
La síndica afirmó que su detención ocurrió momentos antes de que acudiera a una asamblea general en la que planeaba exponer públicamente diversas anomalías. Entre los señalamientos destacan la falsificación de su firma en documentos oficiales, la contratación de asesorías técnicas que —según acusó— correspondían en realidad al despacho del propio edil, y la inclusión de familiares del presidente municipal en la nómina sin desempeñar funciones, lo que podría constituir nepotismo.
Pobladores de la zona señalaron que la funcionaria fue convocada bajo el argumento de participar en el supuesto nombramiento de un comité electoral, proceso que no habría sido avalado de manera democrática en un contexto de próximas elecciones regidas por usos y costumbres. Sin embargo, al llegar al sitio, fue privada de su libertad.
De acuerdo con testimonios de la comunidad, el encarcelamiento tuvo como propósito impedir que Jiménez asistiera a la asamblea donde daría a conocer las presuntas irregularidades y la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales.
La síndica responsabilizó directamente al presidente municipal y a otros funcionarios de su detención, y afirmó que desde antes había solicitado apoyo ante el riesgo de enfrentar represalias. “Hice un llamado de auxilio con anticipación, no fui escuchada y hoy enfrento esta situación lamentable”, declaró tras su liberación.
Jiménez reiteró que su cargo “nunca ha sido cómplice ni ha solapado anomalías que dañen a la comunidad”, y exigió que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades financieras y la actuación de las autoridades municipales involucradas.