Bajo un clima de tensión por la violencia desatada entre cárteles en la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, para entregar títulos de propiedad a pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. Su visita, cargada de simbolismo y exigencias, ocurrió apenas horas después de cruentos enfrentamientos armados en la zona.
En medio de una fuerte presencia militar y de cuerpos de seguridad, la mandataria aterrizó en helicóptero el sábado 17 de mayo, tras días marcados por balaceras, incendios y el colapso de las comunicaciones en municipios serranos como Guachochi. Fue recibida por niñas tepehuanas con la tradicional danza de matachines.
Durante su estancia, Sheinbaum firmó un decreto que reconoce a la comunidad ódami de Mesa Colorada como propietaria comunal de 502 hectáreas y entregó otro título por 317 hectáreas a la comunidad rarámuri de Mogótavo, en el municipio de Urique. Ambos procesos se enmarcan dentro del Programa de Atención a Conflictos Agrarios (PADCA), tras décadas de lucha y ocupaciones ancestrales sin reconocimiento legal.
“Es apenas un pequeño avance”, declaró Luis González Rivas, gobernador rarámuri de Mogótavo, al recibir el título. Su compañero, Enrique Parra, fue más directo: “Después de 45 años de lucha, esto es solo un poco de lo que nos pertenece”.
La entrega ocurre en un territorio marcado por el despojo y la tala ilegal, donde la violencia entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en alianza con “La Línea”, ha convertido a Guadalupe y Calvo en un epicentro del desplazamiento forzado.
En el evento, también se escucharon voces críticas. José Ángel Rivas Vega, abogado ódami de Mesa Colorada, señaló que el reconocimiento legal no garantiza el respeto de los caciques locales ni la seguridad de los pueblos:
“Tenemos 18 denuncias por despojo, desaparición, amenazas… y la mayoría prescribieron. Nadie nos dio resultados. El Estado parece querer cansarnos”.
A la presidenta se le entregó una carta firmada por mujeres desplazadas del colectivo Odótame, quienes demandan el cumplimiento de derechos básicos: vivienda, salud, educación, empleo y seguridad.
El capitán general de Baborigame, Carlos Rivas Herrera, pidió detener el saqueo forestal y atender la crisis hídrica, además de instalar un hospital con personal que hable las lenguas indígenas:
“No se aprende cuando no se entiende lo que se enseña”, señaló, al exigir educación en idiomas originarios.
La presidenta respondió con el Plan de Justicia para la Tarahumara, acompañado por su gabinete: los titulares del INPI, Bienestar, IMSS, CFE, Conagua, Sedatu y otras dependencias federales. Anunció programas como caminos artesanales, pensión para mujeres de 60 a 64 años, beca universal escolar y el plan Salud Casa por Casa, que incluirá escuelas de enfermería en la región.
“Estamos comprometidos con la justicia territorial, el acceso a la salud, al agua y al desarrollo con identidad. Esta es una deuda histórica que vamos a saldar paso a paso”, aseguró la presidenta.
Esta es la segunda visita de Claudia Sheinbaum a la Sierra Tarahumara. La primera, en diciembre pasado, también fue para entregar tierras. Sin embargo, la violencia persiste, como si los títulos de propiedad aún no fueran suficientes para garantizar la paz.