Una ola de redadas migratorias ejecutadas por fuerzas federales en distintas zonas de Los Ángeles ha provocado una respuesta social inmediata: miles de manifestantes salieron a las calles en defensa de trabajadores inmigrantes, mientras que el gobernador de California y líderes locales acusan al gobierno federal de llevar a cabo un operativo sin precedentes y fuera del marco legal.
La madrugada del 6 de junio, agentes federales iniciaron redadas en puntos de alta concentración laboral, incluyendo un Home Depot en el Valle de San Fernando y la empresa textil Ambiance Apparel, en el sur de Los Ángeles. La operación culminó en decenas de detenciones de jornaleros, varios de ellos de origen indígena, lo que encendió la alarma en comunidades migrantes y organizaciones civiles.
Desde entonces, la ciudad ha sido escenario de cuatro días consecutivos de protestas, algunas de ellas con enfrentamientos violentos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. La policía local reportó al menos 56 arrestos durante las movilizaciones, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reconoció el uso de balas de goma y gas pimienta para dispersar multitudes.
La respuesta del gobierno federal fue inmediata: el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina con el objetivo de “proteger infraestructuras federales” y mantener el orden. El gobernador Gavin Newsom calificó la medida de “provocación ilegal” y presentó una demanda contra la administración federal, acusando a Trump de haber actuado sin notificación ni coordinación con las autoridades estatales.
“La Casa Blanca ha decidido usar a Los Ángeles como un laboratorio de fuerza y miedo, y no lo vamos a permitir”, declaró Newsom en conferencia de prensa.
La alcaldesa Karen Bass también criticó duramente las redadas, afirmando que se dirigen a “trabajadores, no criminales”, y advirtió sobre las implicaciones autoritarias de una operación militar en suelo urbano. Organizaciones de derechos humanos, como CHIRLA y el Sindicato de Trabajadores del Oeste, denunciaron detenciones arbitrarias y la desaparición temporal de varios detenidos, cuyos familiares aún no han recibido información oficial sobre su paradero.
Uno de los casos más notorios es el de David Huerta, sindicalista arrestado durante las protestas del viernes. Aunque fue liberado bajo fianza, enfrenta cargos por “interferencia en operaciones federales”.
En un mensaje transmitido por redes sociales, Tom Homan, “zar de la frontera” nombrado por Trump, advirtió que cualquier funcionario que “obstruya operativos migratorios será considerado cómplice y sujeto a detención”.
Mientras tanto, en las calles de Los Ángeles, las protestas no ceden. Algunos enfrentamientos han derivado en daños materiales, incendios menores y bloqueos en la autopista 101. Las autoridades locales advierten que podrían seguir más arrestos si las movilizaciones escalan.
El conflicto ha abierto una grieta jurídica y política entre el gobierno federal y el estado de California, donde más de 10 millones de personas son de origen inmigrante. En juego no solo está la política migratoria, sino también el equilibrio de poderes y la legitimidad de la intervención militar dentro de territorio estadounidense.