Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) revela un caso que amenaza con erosionar la confianza en las instituciones mexicanas: se habría operado una red de extorsión desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), involucrando a altos exfuncionarios y a tres cárteles del narcotráfico: CJNG, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
Según la FGR, los principales implicados son Ricardo Sheffield, senador de Morena y extitular de Profeco, y David Aguilar Romero, exprocurador. El esquema consistía en exigir pagos mensuales de entre 20,000 y 25,000 pesos por gasolinera a cambio de protección contra inspecciones o sanciones. El programa público “Quién es quién en los combustibles” habría sido usado como herramienta de presión, exhibiendo a las estaciones que se negaban a pagar.
Se estima que más de 6,000 estaciones de servicio en todo el país fueron presuntamente extorsionadas. La investigación señala a colaboradores clave como Talía Vázquez Alatorre (diputada federal), Sergio Arturo Iturbe y Ricardo de la Peña Gutiérrez, quienes habrían facilitado la logística y el movimiento de fondos con apoyo de los cárteles.
Las pruebas incluyen capturas de pantalla, listas en Excel, testimonios de empleados de gasolineras y documentación de reuniones entre los implicados, lo que refuerza la gravedad del caso y plantea cuestionamientos sobre la penetración del crimen organizado en instituciones estatales.