Luego de que el sábado pasado entró en vigor el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, abogados y organizaciones civiles asesorarán a los ciudadanos que no quieran entregar al gobierno sus huellas dactilares, rostro e iris.
Especialistas entrevistados por El Sol de México explican que hay dos formas de frenar la medida legal aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso.
El primero es para impedir que la reforma aplique en lo individual y consiste en que cada usuario de telefonía celular presente un juicio de amparo indirecto para evitar entregar sus datos personales y biométricos al momento de comprar un equipo, o bien, por el simple hecho de ya contar con uno. En este caso, lo primero que deben hacer es buscar asesoría legal para redactar la demanda de amparo y luego tramitarla ante un juez de distrito en materia administrativa.
Asociaciones de abogados y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) se dijeron dispuestos a orientar de manera gratuita a la ciudadanía a través de plataformas y ventanas en internet para tramitar dicho amparo.
Recomendaron a los usuarios que ya cuentan con un celular a no entregar sus datos.
Incluso ya circula en internet un formato o machote de amparo indirecto que el ciudadano solo necesita llenar con su información.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Roberto Julio Chávez Delgado, detalló que el propósito de generar un amparo indirecto es solicitar la inconstitucionalidad de una ley que trasgrede los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, ya que son violaciones que afectan la seguridad jurídica de los ciudadanos, su derecho a la intimidad y a la libertad.
Recordó que hay instituciones que ofrecen defensa jurídica gratuita como el Instituto Federal de Defensoría Pública, además de asociaciones y barras que pondrán a favor de la ciudadanía estos instrumentos jurídicos.
El despacho Trusan & Roma Abogados presentó ayer las primeras demandas a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el controvertido padrón.
En Guanajuato el activista irapuatense Joan Antonio Ochoa Sada también tramitó un amparo y puso a disposición de la ciudadanía las redes sociales de su organización Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos para las personas interesadas en ser orientadas para ampararse.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existe otro mecanismo legal para combatir la creación del padrón de usuarios de celular. Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la R3D, indicó que los ciudadanos tienen que exigir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tratarse de una medida violatoria de los derechos humanos.
“En la R3D nos estamos organizando para que las personas puedan enviar sus peticiones a estos organismos de manera directa”.
El Inai ya se ha pronunciado sobre el tema advirtiendo que el registro de datos biométricos podría representar riesgos para la protección de los datos personales. Sin embargo la CNDH, que encabeza Rosario Piedra, cercana al presidente López Obrador, ha guardado silencio.