Universidades advierten sobre un clima de incertidumbre y temor en los campus; más de 900 estudiantes afectados en todo el país.
Cientos de estudiantes internacionales han iniciado acciones legales contra el gobierno del expresidente Donald Trump, luego de que sus visas fueran revocadas abruptamente en las últimas semanas. Los demandantes alegan que las autoridades federales actuaron sin respetar el debido proceso, dejándolos en una situación legal precaria y con la amenaza latente de deportación.
Según una revisión de documentos universitarios y comunicaciones institucionales, al menos 901 estudiantes de 128 instituciones de educación superior han visto cancelado su estatus legal en EE.UU. desde mediados de marzo. Las medidas han afectado a estudiantes de universidades de prestigio como Harvard, Stanford, la Universidad de Maryland y la Universidad Estatal de Ohio, entre muchas otras.
En varios casos, las revocaciones se han basado en motivos que las universidades consideran triviales o ambiguos, como multas de tráfico antiguas o presunta participación en manifestaciones propalestinas. Sin embargo, muchas de las instituciones afirman no tener evidencia de que sus alumnos hayan estado involucrados en protestas.
Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de un estudiante chino de ciencias de la computación en Dartmouth College, cuyo estatus fue restituido de forma temporal gracias a una orden de restricción emitida por un juez federal en Nueva Hampshire. Casos similares han sido llevados ante cortes federales en Georgia y California, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) guarda silencio ante las solicitudes de información.
La detención del activista Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia, ha sido uno de los pocos casos en que el gobierno ha justificado la revocación por motivos ideológicos. Aun así, la mayoría de los estudiantes afectados no tienen ningún historial de activismo político, según sus universidades.
Sistema bajo presión
En Estados Unidos, los estudiantes extranjeros con visas F-1 deben demostrar solvencia económica, cumplir con requisitos académicos y están sujetos a estrictas limitaciones laborales. El sistema de visado es gestionado por el Departamento de Estado y supervisado por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del DHS.
Sin embargo, los cambios recientes han dejado a los responsables universitarios desconcertados. Muchos descubrieron que sus estudiantes habían perdido el estatus legal al revisar la base de datos del DHS, sin haber sido notificados previamente.
“Lo más preocupante es la falta de transparencia”, afirmó Sarah Spreitzer, vicepresidenta de relaciones gubernamentales del Consejo Americano de Educación. “La incertidumbre genera un clima de miedo y desconfianza que puede disuadir a futuros estudiantes internacionales de venir a Estados Unidos”.
Aunque en teoría algunos estudiantes podrían continuar sus estudios pese a la revocación de sus visas, muchos han optado por abandonar el país voluntariamente, ante el temor de ser arrestados.
Llamados a la acción
En respuesta a esta crisis, varios campus han emitido comunicados expresando su preocupación y demandando respuestas al gobierno federal. También han intensificado las recomendaciones de seguridad para sus estudiantes internacionales, sugiriendo portar pasaporte y documentos migratorios en todo momento.
El impacto de estas medidas podría extenderse más allá de los individuos afectados, comprometiendo la reputación global de las universidades estadounidenses como destinos seguros y acogedores para la educación superior.