El hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, volvió a colocar a las familias buscadoras frente a un enemigo conocido y persistente: el silencio institucional. Mientras avanzan las diligencias forenses tras la localización de al menos siete cuerpos, colectivos de búsqueda en Sinaloa denunciaron la falta de información clara, oportuna y humana por parte de las autoridades federales.
El colectivo Sabuesas Guerreras de Sinaloa lanzó un exhorto directo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para que cumplan con su obligación de informar de manera constante y digna sobre los trabajos realizados en la fosa. Para las buscadoras, la ausencia de comunicación no es solo una omisión administrativa, sino una forma de violencia que prolonga el sufrimiento de las familias.
“La incertidumbre es una forma de tortura”, advirtieron, al exigir la emisión de boletines informativos actualizados, con datos específicos que permitan a las familias —muchas de ellas sin posibilidad de acudir físicamente al sitio— conocer qué ocurre con los restos localizados y cuáles son los avances reales en los procesos de identificación.
La tensión aumentó luego de que organizaciones de búsqueda, como Por las Voces Sin Justicia, informaran que un coordinador de la FGR confirmó que los cuerpos encontrados ya fueron identificados, aunque sin precisar si corresponden o no a los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, presuntamente secuestrados por un grupo armado el pasado 23 de enero. La Fiscalía habría notificado a algunas familias, según reportes retomados por el medio sinaloense Noroeste, pero sin ofrecer una postura pública contundente que despeje dudas.
Desde el jueves 5 de febrero de 2026 —fecha en que se localizó la fosa, o el viernes 6 cuando se hizo público el hallazgo—, colectivos denunciaron el hermetismo de la autoridad federal. Hasta la tarde del sábado, reclamaron la ausencia de información “clara, precisa y oportuna” sobre las acciones forenses realizadas, señalando que esta opacidad genera revictimización y vulnera los derechos fundamentales de quienes buscan a sus seres queridos.
A la exigencia se sumó la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, que demandó a la FGR la difusión inmediata, pública y detallada del número de restos localizados, su estado, señas particulares, así como las acciones periciales y los avances en identificación. Además, solicitó el acceso de las familias al expediente y la participación de peritos independientes, como una medida mínima de transparencia y confianza.
Otro de los puntos críticos señalados por Sabuesas Guerreras fue el respeto irrestricto a la cadena de custodia. Las buscadoras reiteraron la necesidad de permitir que especialistas trabajen sin interferencias dentro del área delimitada, siguiendo protocolos técnicos adecuados para evitar la contaminación de evidencias y garantizar procesos sólidos que no se derrumben más adelante.
Aunque hacia el final del sábado la FGR se habría comprometido a mantener comunicación en los próximos días, de acuerdo con la vocera Alejandra Martínez Carrizosa, la desconfianza persiste. Para los colectivos, las promesas ya no bastan en un estado golpeado por las desapariciones, donde madres y familiares han asumido la tarea de buscar ante la lentitud o ineficacia institucional.
El caso de Concordia no es aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de desapariciones forzadas en Sinaloa, donde la labor de las buscadoras se ha vuelto indispensable para localizar fosas, presionar a las autoridades y mantener viva la exigencia de verdad y justicia. Entre la esperanza que genera cada hallazgo y el dolor que acompaña cada identificación, las familias reclaman algo elemental: información, respeto y humanidad.