Familiares, amigos y abogados de los 19 detenidos durante la protesta del pasado 15 de noviembre denunciaron una serie de irregularidades, abusos y violaciones a derechos humanos por parte de elementos policiales y del Ministerio Público capitalino. Aseguran que algunos jóvenes fueron arrestados lejos del lugar del conflicto, otros mediante engaños, supuestamente para recibir atención médica, y varios reportaron golpes y hasta cobros de mil pesos para poder verlos.
La tarde de este lunes, durante el traslado de siete de los detenidos hacia el Reclusorio Norte y Santa Marta Acatitla, familiares se manifestaron afuera de los centros penitenciarios, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir su liberación y denunciar lo que consideran un operativo desproporcionado e injustificado.
Abogados que acompañan los casos aseguran que, en al menos seis expedientes, las acusaciones carecen de sustento y no existen pruebas claras de que los jóvenes hayan participado en actos vandálicos. Señalan que las detenciones fueron realizadas de manera arbitraria, en puntos ajenos a la marcha y sin cumplir protocolos legales.
PRI ofrece apoyo jurídico; acusan persecución política
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, informó que instruyó a la Secretaría Jurídica del partido a brindar asesoría legal gratuita a las familias de los jóvenes arrestados, a quienes consideró víctimas de acciones injustas del gobierno capitalino.
“Contarán con el respaldo total de nuestros expertos para acompañar este proceso y lograr su liberación”, afirmó.
En la misma línea, el legislador priista Rubén Moreira calificó a los detenidos como “presos políticos”, asegurando que se trata de una “venganza de Morena contra los jóvenes” que participaron en la marcha de la Generación Z.
Moreira acusó que el gobierno de la Ciudad de México agredió a los manifestantes, generó un clima de polarización y ahora busca descalificar las expresiones ciudadanas. Señaló que en más de 80 ciudades del país se realizaron marchas contra la violencia, lo que, a su juicio, ha provocado una reacción represiva del actual gobierno.
“México vive una tragedia en seguridad, en finanzas públicas y en soberanía alimentaria y energética; y ahora vivimos una tragedia de libertades”, declaró. “El gobierno reprime, descalifica y polariza para intentar callar la voz de los mexicanos”.
Los familiares de los detenidos adelantaron que continuarán con protestas y denuncias, mientras esperan avances legales que permitan revisar el estado de cada uno de los casos.