La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Eduardo Enrique “N”, quien se desempeñó como comisionado del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su presunta responsabilidad en delitos de peculado y delincuencia organizada, en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El arresto se llevó a cabo en Izúcar de Matamoros, Puebla, en un operativo encabezado por policías federales ministeriales. Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, detalló que la aprehensión fue resultado de labores de inteligencia y coordinación con el gabinete de seguridad federal. El exfuncionario será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las investigaciones señalan que entre 2008 y 2013, el ahora detenido habría firmado contratos de servicios para distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de manera irregular. Dichos contratos se realizaron cuando estas instalaciones penitenciarias estaban bajo la órbita del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente sentenciado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
La FGR subrayó que esta captura se suma a otras detenciones recientes de excolaboradores de García Luna dentro de la misma línea de investigación. Entre los casos relacionados se encuentran:
· Jesús Alberto “N”, detenido en Cuernavaca, Morelos, por delitos similares. Un juez federal ya lo vinculó a proceso y le decretó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Cefereso número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
· María Vanesa “N”, exasesora de García Luna, quien fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva en el Cefereso número 16, en Morelos, por su probable participación en delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR afirma que habría fungido como apoderada legal de una empresa utilizada para mover recursos ilícitos y desviar fondos públicos.
Según las autoridades, estos exfuncionarios están señalados por la presunta simulación de contratos de adquisición de servicios entre 2008 y 2015, con el objetivo de desviar recursos públicos del OADPRS y de la Tesorería de la Federación para beneficiar a empresas vinculadas a García Luna y su círculo cercano.