La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances relevantes en la investigación por la desaparición de 10 trabajadores mineros ocurrida en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego de que durante diligencias ministeriales fueran localizados cuerpos y restos humanos, los cuales ya son analizados para determinar su identidad.
De acuerdo con la FGR, los hechos se remontan al 23 de enero de 2026, cuando los trabajadores —ingenieros y personal técnico de la empresa canadiense Vizsla Silver— fueron reportados como desaparecidos tras encontrarse laborando en un campamento minero en la zona serrana, conocido como La Clementina. Versiones de medios locales señalan que un grupo armado los habría privado de la libertad mientras realizaban actividades en el proyecto minero.
Como parte de la investigación, la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad —integrado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional— llevó a cabo cateos, operativos y trabajos de campo en diversas comunidades del municipio, entre ellas El Verde y de manera preliminar Los Naranjos.
Durante estas acciones, las autoridades localizaron una fosa clandestina, así como cuerpos y restos humanos presuntamente vinculados con el caso. La Fiscalía precisó que uno de los cuerpos presenta características similares a uno de los mineros desaparecidos, aunque subrayó que aún no existe confirmación oficial, ya que continúan los análisis periciales y genéticos correspondientes.
En los operativos también fueron asegurados diversos indicios, entre ellos armamento, equipo táctico, vehículos, teléfonos celulares, identificaciones, tarjetas bancarias y una computadora portátil, además del desmantelamiento de campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos del crimen organizado.
Asimismo, la FGR confirmó la detención de cuatro personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por su probable participación en los hechos y permanecen bajo proceso de investigación.
El caso, que inicialmente fue atendido por autoridades estatales, fue atraído por la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras se mantiene un cerco operativo en la región.
En tanto, familiares de las víctimas, organizaciones del sector minero y colectivos ciudadanos han reiterado su exigencia de respuestas claras, justicia y mayores condiciones de seguridad para quienes laboran en zonas de alto riesgo. Aunque el hallazgo de restos humanos ha generado consternación, las autoridades insistieron en que la investigación continúa y que la situación permanece en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas detenciones o identificaciones en los próximos días.