Por: Carlos Ornelas / Excelsior
• Los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están en paro por falta de pagos.
Según Jürgen Habermas, aunque sean múltiples las causas de la crisis de legitimidad de un gobierno, se revelan en la pérdida de confianza de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos. Eso pasa en Durango a pocos días del cambio de gobierno.
José Rosas Aispuro, después de haber sido priista de toda la vida, ganó la elección al PRI en 2016 con una alianza entre el PAN (que lo acogió) y el PRD. Al comienzo y durante una parte de su gobierno, disfrutó de crédito público. Pero hoy es víctima del centralismo burocrático y sus propios yerros.
Durango es un estado pobre y la mayor parte del presupuesto gubernamental depende de las participaciones que le manda el gobierno federal. Ningún gobernador (ni presidente municipal en su territorio) se atreve a crear impuestos locales, más allá de los existentes. Con esa actitud refuerzan el centralismo burocrático e institucional (que no federalismo) que impuso el gobierno central desde que se consolidó el régimen de la Revolución mexicana.
Con ese arreglo institucional centralista, el gobierno federal transfiere al estatal recursos en varios ramos. El gobierno local, a su vez, debería (y allí está el quid) traspasarlos a los municipios y otras instituciones, como la Universidad Juárez del estado de Durango. A juzgar por la movilización y las denuncias, eso no sucedió.
En notas de periódicos locales se comenta que el gobernador “adeuda” alrededor de 500 millones de pesos a los municipios; fondos que, se supone, recibió de la Secretaría de Hacienda. Los munícipes se quejan. Los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están en paro por falta de pagos.
Además, hay demandas penales por corrupción y nepotismo en contra del secretario de Educación, Rubén Calderón Luján; el director de Gasto Educativo (una oficina que depende de la Secretaría de Finanzas y Administración), Rubén Velasco Murguía, y otros familiares de ambos que cobran de la nómina educativa.
La comunidad de la UJED no se queja, protesta —y de manera ruidosa— con marchas de miles de profesores, trabajadores y estudiantes encabezados por el rector, Rubén Solís Ríos. El gobierno les responde que no hay problema, que liquidará el adeudo de 304 millones de pesos antes de que termine su gobierno, el próximo jueves.
El gobernador ya se había comprometido a ello varias veces. Los universitarios no le creen y, a partir de mañana, decretarán una huelga general y otra marcha, quizá más numerosa todavía. Hay tensión social que pronostica una semana movida.
Todo indica que el gobernador no pagará los adeudos; tal vez no le falte razón cuando sus voceros dicen que el gobierno central le recortó fondos al estado. Quizá, si el gobernador entrante fuera de Morena, otra cosa sería. Pero no dicen nada de sus errores.
Esteban Villegas Villarreal recibirá el estado el 15 de septiembre. Acaso la desazón marque su primer grito de Independencia. Quién sabe si la legitimidad del voto le alcance para remontar la crisis.