Morelia, Michoacán.
Pese a las múltiples acusaciones por vínculos con grupos delictivos y su presunta relación con el asesinato de dos periodistas, Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán, pretende asumir el cargo de juez federal penal en el circuito 11 del estado. Su nombre fue incluido en la boleta para la elección judicial del próximo 1 de junio, tras ser propuesto por el Poder Legislativo y aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su paso por la Fiscalía General del Estado, Herrera fue involucrado en una conversación telefónica con Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, supuesto cabecilla de una célula criminal que opera en el oriente de Michoacán. En dicha llamada, filtrada en 2022, el entonces fiscal regional presuntamente brindaba asesoría para encubrir un homicidio como un delito no doloso. Esta revelación desencadenó su remoción del cargo.
La postulación de Herrera ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, como Defensorxs A.C., Artículo 19 y el Laboratorio Electoral, las cuales señalan que al menos siete aspirantes a cargos judiciales enfrentan acusaciones relacionadas con el crimen organizado o violencia de género. En respuesta, estas agrupaciones han puesto en marcha una red nacional de observación electoral con más de 700 voluntarios para identificar posibles riesgos de infiltración en el Poder Judicial.
En el portal “Conóceles” del INE, donde los aspirantes publican sus trayectorias y propuestas, Herrera afirma que su prioridad es reducir la impunidad y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Sin embargo, ni él ni sus representantes han respondido públicamente a las acusaciones que persisten desde su paso por la Fiscalía.
Las sospechas sobre Herrera Franco se remontan a 2021, cuando líderes comunales mazahuas del municipio de Zitácuaro lo señalaron por presionar a comunidades indígenas para que se sumaran a un grupo criminal. La denuncia se produjo tras un ataque armado que dejó 13 personas muertas en la tenencia de Donaciano Guerra y que dio origen al levantamiento de grupos de autodefensa en la región.
En ese contexto de violencia, el periodista Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue asesinado el 31 de enero de 2022. Días después, el director del medio, Armando Linares, denunció públicamente que el crimen se debía a las investigaciones que venían realizando sobre corrupción y amenazas provenientes de autoridades locales, incluido Herrera Franco. Linares también fue asesinado dos meses más tarde.
Tras estos hechos, y ante la falta de acciones por parte del gobierno estatal, el medio de comunicación decidió cesar operaciones de manera definitiva. Colectivos como Ni Uno Más exigieron que la Fiscalía General de la República atrajera las investigaciones, ya que las carpetas seguían bajo jurisdicción local a pesar de las denuncias y amenazas previas al doble homicidio.
La presencia de Herrera en los órganos de justicia también está vinculada con figuras políticas cuestionadas. Se le relaciona con el exgobernador Silvano Aureoles y el grupo conocido como “Los Chilangos”, funcionarios provenientes del centro del país que asumieron cargos de seguridad en Michoacán durante el periodo de Alfredo Castillo como comisionado federal. Diversas denuncias por corrupción y fabricación de delitos acompañan a esta red de servidores públicos.
En años anteriores, Herrera Franco también fue acusado por un empresario local, Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, de fabricar una acusación penal en su contra. Además, ciudadanos de Zitácuaro lo responsabilizaron por detenciones ilegales y actos de represión mientras ocupaba el cargo de fiscal regional.
A pesar de este historial, la candidatura de Herrera Franco sigue firme. Su caso, junto con el de otros cuatro aspirantes señalados por vínculos criminales, ha encendido las alertas sobre el riesgo de que el crimen organizado intervenga en la elección de jueces y magistrados federales. La jornada del 1 de junio será la primera ocasión en la que estos cargos sean definidos mediante voto popular.