Una transmisión en vivo a través de TikTok ha desatado una tormenta social y política en Guadalajara, luego de que Naomi Sofía Figueroa Álvarez, excolaboradora del Ayuntamiento, confesara públicamente haber participado en el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería. La joven, quien laboró en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, aseguró durante la transmisión que el acto fue realizado para “quitarse enemigos”.
“Le cortamos al perro… y desde ahí todos caen”, se le escucha decir en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de repudio por parte de activistas, defensores de derechos animales y ciudadanos en general.
Figueroa estuvo en nómina del gobierno municipal hasta el pasado 31 de mayo. Según registros públicos, su salario mensual era de poco más de 18 mil pesos. Aunque ya no ocupa un cargo activo, colectivos y organizaciones han exigido a las autoridades que se investigue y sancione penalmente su confesión, al considerar que admite un acto de crueldad animal.
El Código Penal del estado de Jalisco contempla penas de hasta cinco años de prisión y fuertes multas para quien incurra en actos de maltrato o sacrificio animal sin justificación legal. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni el Ayuntamiento de Guadalajara han emitido comunicados oficiales sobre la apertura de una carpeta de investigación.
Para muchas personas, el caso no solo revela una posible conducta delictiva, sino que también cuestiona el proceso de selección de personal dentro del servicio público. “¿Cómo alguien que admite haber matado a un animal por creencias puede trabajar en espacios comunitarios?”, expresó una integrante del colectivo Voz Animal GDL.
El video, además de provocar indignación, ha reabierto el debate sobre los límites entre prácticas religiosas y derechos de los animales. Aunque ciertas corrientes de santería incluyen sacrificios rituales, muchas voces —incluyendo practicantes— han señalado que tales actos deben contextualizarse y no usarse para justificar la violencia.
La presión social crece mientras se exige justicia para el animal sacrificado y una respuesta institucional clara que deslinde responsabilidades.