Ciudad de México.- La Guardia Nacional, creada en 2019 con la promesa de reforzar la seguridad pública en México, ha enfrentado una serie de señalamientos por abusos y violaciones a los derechos humanos.
En los primeros cinco años de operación del cuerpo de seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido un total de 1,772 quejas en su contra, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos. Las principales denuncias incluyen detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, tortura, privación de la vida y desapariciones forzadas.
Algunas de las quejas más graves señalan el uso indebido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, que ha resultado en la muerte de personas.
Uno de los casos más trágicos ocurrió en Jalisco, donde tres elementos de esta corporación provocaron la muerte de una mujer menor de edad y embarazada que viajaba con su pareja en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara en 2022. Este incidente desató una ola de críticas y una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos.
Otro caso significativo ocurrió en 2021, cuando la organización civil Pueblos Unidos Migrantes denunció que elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un grupo de migrantes en Chiapas, causando la muerte de un hombre de origen cubano y dejando a otras cuatro personas heridas.
La CNDH también ha documentado incidentes donde la fuerza se empleó de manera desproporcionada.
En 2021, en Jalapa, Tabasco, un ataque contra un vehículo que transportaba migrantes terminó con la vida de una persona, lo que desencadenó otra recomendación por parte del organismo de derechos humanos.
A pesar del volumen de quejas, la Guardia Nacional ha acumulado menos denuncias que la extinta Policía Federal, que registró 4,384 quejas entre 2007 y 2014, con un máximo de 794 en 2012, durante la administración de Felipe Calderón. En 2022, la Guardia Nacional sumó 568 quejas, aunque la cifra, si bien elevada, es más baja en comparación con su predecesora.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, publicado en su informe final sobre México en 2024, los miembros de la Guardia Nacional han sido señalados por recurrir a la violencia durante detenciones, a pesar de haber recibido capacitación en derechos humanos. Sin embargo, el mismo reporte destaca que algunas de las quejas se han reducido en comparación con administraciones anteriores.
La creación de la Guardia Nacional en 2019 fue inicialmente planteada con un carácter civil. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó un papel central a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, permitiendo su intervención directa hasta 2024, mientras la nueva corporación desarrollaba sus capacidades.
Desde su gestación, la Guardia Nacional fue vista con escepticismo por defensores de derechos humanos. Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la CNDH, advirtió que la propuesta podría allanar el camino hacia la militarización de áreas que hasta ese momento habían estado reservadas para instituciones civiles. En los años siguientes, la CNDH pasó de cuestionar a la corporación a respaldar su integración bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual se oficializó en 2023 tras un largo proceso de discusión y aprobación legislativa.
La Guardia Nacional ha sido central en la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, pero su gestión no ha estado exenta de controversias. Aunque las cifras muestran una disminución en las quejas en comparación con los cuerpos de seguridad anteriores, los casos de tortura, desapariciones y uso excesivo de la fuerza siguen afectando su reputación y cuestionando su efectividad como una fuerza de seguridad civil.
La integración formal de la Guardia Nacional a la Sedena ha consolidado su carácter militar, lo que ha generado debates sobre el rumbo de la seguridad pública en el país y su impacto en los derechos humanos. A medida que se acerca el fin del mandato de López Obrador, persisten las interrogantes sobre el legado que dejará esta corporación y si, bajo su nuevo mando, podrá atender las críticas y reducir los abusos que han marcado sus primeros años de operación.