El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que no está facultado para cancelar 26 candidaturas a la elección judicial 2024-2025, como solicitaron los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.
En un acuerdo aprobado por unanimidad en lo general, el órgano electoral declaró improcedente la petición por considerar que se encuentra fuera de sus atribuciones legales.
El INE señaló que, conforme a la Jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas debe realizarse en dos momentos: durante el registro de los aspirantes y al momento de calificar la elección. En consecuencia, indicó que no puede pronunciarse sobre la cancelación de las postulaciones durante el proceso de campañas electorales.
En el documento aprobado se aclaró que dar por recibida la solicitud de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados no significa emitir juicio alguno sobre el contenido de los escritos. “Respecto la solicitud de cancelar candidaturas del PEEPJF 2024-2025, este Instituto no se encuentra facultado para emitir un pronunciamiento de fondo”, señala el acuerdo.
Los 26 candidatos cuestionados podrán participar en las elecciones del 1º de junio, ya que sus nombres aparecen impresos en las boletas que el INE ha comenzado a distribuir en todo el país. El Consejo General acordó que los requisitos de elegibilidad podrán verificarse antes de la entrega de constancias de mayoría y la declaración de validez de los comicios.
La solicitud original fue presentada el 4 de mayo por los legisladores Noroña y Gutiérrez Luna, ambos del partido Morena. De las candidaturas impugnadas, 12 fueron cuestionadas por presuntos problemas de reputación; seis por presuntas causas de inelegibilidad, como estar vinculadas a procesos judiciales o haber ejercido la defensa de personas imputadas; y ocho por no alcanzar el promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, requisito establecido por la Constitución.
Durante la discusión del acuerdo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei argumentó que emitir valoraciones en medio del proceso electoral podría afectar la percepción ciudadana sobre las candidaturas.
“Creo firmemente que realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura en este momento de las campañas, a días de la elección, podría incidir de manera perjudicial en las preferencias. Ese no es el papel del Instituto”, expresó.
Aunque se aprobó el acuerdo general, la mayoría de consejeros rechazó una propuesta de Taddei incluida de último momento para solicitar al Congreso que precisara los términos de su solicitud. En cambio, el Consejo General acordó solicitar al Senado los expedientes completos de las 26 candidaturas impugnadas, con el fin de analizarlos durante la fase de verificación posterior a los comicios.
Además, se abrió un plazo para que cualquier persona pueda presentar información relacionada con el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas. Para ello, los interesados deberán entregar la documentación de manera escrita o por correo electrónico en las oficinas del INE, anexando información o datos que acrediten de forma fehaciente el incumplimiento, o bien indicando a qué autoridad debe solicitarse la información correspondiente.
El acuerdo será impugnado ante el TEPJF, según lo informó el senador Gerardo Fernández Noroña. De confirmarse esta intención, corresponderá al Tribunal Electoral determinar si la resolución del INE fue adecuada conforme al marco normativo aplicable al proceso de elección judicial.
El caso ha generado atención debido a los señalamientos que recaen sobre algunas de las personas postuladas. En varios casos, los señalamientos públicos incluyen posibles vínculos con organizaciones delictivas o antecedentes que podrían comprometer su idoneidad para desempeñar funciones jurisdiccionales. Pese a ello, el INE reiteró que su competencia no incluye una evaluación de fondo durante la etapa de campañas.
La resolución se da en el contexto del Proceso Electoral para elegir integrantes del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en el que participan aspirantes a magistraturas y jueces bajo nuevas reglas de elección directa. Las modificaciones legales impulsadas en esta legislatura han transformado el procedimiento para la conformación del Poder Judicial, lo que ha suscitado debates sobre la idoneidad de los mecanismos de selección.
El INE mantendrá vigilancia sobre la documentación e información adicional que se reciba hasta un día antes de la asignación de los cargos, para evaluar si los ganadores cumplen con los requisitos constitucionales. La eventual cancelación de una candidatura sólo podría ocurrir en caso de detectarse un incumplimiento durante esa fase posterior a los comicios.
Mientras tanto, las 26 personas señaladas podrán participar en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes en la elección del próximo 1 de junio, a la espera de que el TEPJF, en su calidad de máxima autoridad en materia electoral, emita una resolución definitiva sobre el fondo del caso.